Los convenios un residuo del franquismo

En 1958, a casi dos décadas del final de la Guerra Civil española, la economía española estaba arruinada. La razón fundamental era la política de corte socialista que había seguido el sector falangista del Régimen. Ministros como el camisa vieja Girón de Velasco, apreciado por el pueblo por lo que consideraban su preocupación social, habían causado un terrible daño a los trabajadores al adoptar medidas que sólo provocaron la inflación y desplomaron el poder adquisitivo.

De semejante situación se salió, con enormes sacrificios, gracias al Plan de Estabilización de 1959 que liberalizó la economía siguiendo los criterios impuestos por el FMI. El giro económico provocó un desarrollo espectacular durante la década de los sesenta en que la tasa de desempleo descendió hasta poco más del uno por ciento, en que España se convirtió en la novena potencia industrial del mundo y en que fue la nación con mayor crecimiento económico del mundo tan sólo precedida por el Japón. De manera bien significativa, el único aspecto que se salvó de la modernización fue la ley de convenios colectivos de 1958, una concesión a la Falange que controlaba los sindicatos siguiendo el viejo modelo fascista de Mussolini.

Un rígido mercado de trabajo
Durante los sesenta, el mercado de trabajo se fue convirtiendo en el más rígido de Europa – y uno de los más inflexibles del mundo– gracias a una combinación de factores. Por un lado, fue indudable un endurecimiento de la posición de los falangistas del Régimen que consideraban que los sindicatos eran su última parcela de poder y que fueron marcando una política intervencionista en los distintos plenos del congreso sindical celebrados durante los años sesenta.

Cada vuelta de tuerca sobre la libertad laboral fue elogiada como una conquista social. A ello se añadió una insistencia de la Conferencia Episcopal por marcar las líneas del sindicalismo. El ministro García Ramal llegó a reunirse con algunos obispos para pedirles directrices sobre la organización del sindicalismo y el 21 de julio de 1968, la Conferencia Episcopal emitió un documento titulado «Algunos principios cristianos relativos al sindicalismo». Se trataba de una peculiar intervención que contrasta con el silencio en otros temas y épocas. Finalmente, a la política intervencionista de la Falange y la Conferencia Episcopal se sumó el «entrismo» del sindicato comunista CC OO, inicialmente muy arraigadas en organizaciones católicas como la JOC o la HOAC, que consideró también la rigidez laboral como conquistas sociales irrenunciables. El crecimiento espectacular de la economía española durante los años sesenta ocultó el efecto terrible que esa legislación tendría sobre el empleo.

Sin embargo, al llegar la crisis de 1973, la catástrofe no se hizo esperar. Apresada en una legislación laboral extraordinariamente rígida, defendida por unos sindicatos – UGT y CC OO – que sustituyeron a los franquistas con un carácter semejante de oficialidad, el desempleo desproporcionado se convirtió en una realidad ineludible en las siguientes décadas. Se trata de una trágica circunstancia que no cambiará mientras persista una visión del mercado de trabajo nacida del sector más azul del franquismo y mantenida hoy cerrilmente por UGT y CC OO.