Medidas sin reforma por Antonio Gutiérrez Limones

Una de las frases que con más éxito, y menos claridad, ha marcado el debate sobre la reforma de la administración pública vio la luz a raíz de las reformas neozelandesas. Afirmaba que había que ser capaz de hacer más con menos y predicaba la doctrina de las tres «E»: economía, eficacia y eficiencia. Los malos discípulos olvidaron muy pronto que la reducción del gasto, si no estaba acompañada de la redefinición de los servicios y, sobre todo, de la mejor satisfacción de los problemas públicos que los gobiernos deben resolver, no conduciría a nada. La experiencia de Inglaterra demostraría que no bastaba con gastar menos, había que gastar mejor. El sistema de ferrocarriles, por ejemplo, que había sido motivo de orgullo de la sociedad británica, se degradó tanto que hubo de ser renacionalizado.

La lección aprendida tras aquellas experiencias aconseja poner la resolución de los problemas públicos, esto es, de aquellas realidades que nuestros valores sociales consideran injustas, en el centro del debate. Hablar de la reducción del gasto olvidando el sentido del gasto aparta del debate social la definición de los problemas públicos que queremos resolver y oculta en qué medida han sido resueltos. Alguien podría explicar, pongo por caso, si la subida de tasas en la universidad o la no renovación de los contratos de sus profesores, mejora la capacidad de nuestros universitarios para satisfacer las necesidades de nuestro tejido productivo. Esto, que está mal, puede empeorarse aún más: es lo que ha hecho el Gobierno.

Subir el IVA del 8% al 10% y del 18% al 21% agravará la difícil situación que atraviesan las administraciones municipales. Buena parte de las partidas que componen su presupuesto están afectadas por este impuesto. Lo que encarecerá, incluso cuestionará, la posibilidad misma de prestar algunos de los servicios; comprometerá el nivel de sus prestaciones e incrementará –en algunos casos– el precio que ciudadanos y empresas deben satisfacer por los mismos.

Ese incremento, que nada reporta al mundo local, servirá –únicamente– para detraer recursos desde las arcas municipales. El IVA, a tan alto precio conseguido, servirá para financiar a otras administraciones.

Esta medida también tendrá consecuencias sobre los planes de viabilidad municipal acogidos al mecanismo de financiación habilitado por el Real Decreto Ley 7/2012. Los ayuntamientos aprobaron proyectos a diez años con medidas de reducción de gasto e incremento de ingresos para equilibrar sus cuentas. Pues bien, la subida del IVA altera de forma irreversible esta planificación: los límites de gasto establecidos por los ayuntamientos son sobrepasados, quebrando –incluso imposibilitando– el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos.

El Gobierno, a fin de evitar el impacto presupuestario y posibilitar el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de las obligaciones contenidas en el Decreto Ley 7/2012, debería establecer un mecanismo de devolución trimestral de IVA que retorne a los ayuntamientos el incremento de tipos soportados y abonados por éstos.

Pueden y deben hacerse multitud de reformas. Desde el mundo municipal –conviene recordarlo– vienen reclamándose desde hace muchos años algunas de ellas. Pero el camino emprendido es un camino de medidas, no de reformas. No existe un diagnóstico de las necesidades que cada administración satisface de forma más adecuada. Nada parecido a una estrategia para alinear recursos escasos, capacidades administrativas y problemas sociales a resolver.

Subir el IVA agravará el desigual reparto de esfuerzos que el Gobierno ha definido y penalizará, injustamente, a los Ayuntamientos. El resultado final de esta nueva carga lastrará la capacidad de acción de las administraciones locales y alejará a las instituciones y a sus políticas públicas de los valores y las necesidades de nuestros vecinos.
 

Antonio Gutiérrez Limones
Senador y alcalde de Alcalá de Guadaíra