PSOE CIU y ERC apoyan que Madrid y Cataluña puedan gestionar sus aeropuertos

Las tres formaciones han decidido aceptar la moción presentada por ERC, y por la que se otorga libertad de tarifa tanto al aeropuerto madrileño de Barajas como al barcelonés de El Prat, para que fijen los precios de las tasas aeroportuarias aplicables en estas instalaciones.

El acuerdo contempla, además, la "participación determinante"de las Comunidades Autónomas en la gestión aeroportuaria con el objetivo de que estas administraciones puedan "defender con eficacia sus intereses".

Así como la participación conjunta de todas las administraciones y el capital privado, a través de los concursos públicos que se convoquen para la explotación de los aeropuertos. La moción fue defendida por el diputado Joan Ridao, quien destacó que el modelo aeroportuario español era ya un "modelo del pasado"y que estaba plenamente "centralizado", convirtiéndose en un "modelo insuficiente"y contrario a las reglas de la competencia.

El acuerdo alcanzado hoy en el Congreso es, a juicio de su defensor, "histórico", porque concreta el futuro modelo de gestión descentralizado y competitivo con una determinante participación de las distintas Comunidades Autónomas.

La moción fue apoyada también por el BNG, mientras que el PNV se abstuvo y el PP se opuso.
En la interpelación realizada por ERC el pasado 26 de enero sobre el futuro del modelo de gestión aeroportuaria que proyecta el Gobierno, y que ha dado lugar a esta moción se pedía, entre otras cosas, que el Gobierno adopte en el plazo de tres meses un nuevo modelo de gestión aeroportuaria abierto y competitivo de acuerdo con la directivas europeas.

En este marco, y a juicio de este grupo parlamentario se debe prever la descentralización de las funciones públicas aeroportuarias y dar paso a una gestión individualizada de los aeropuertos "singulares"como por ejemplo el de Barcelona-El Prat o el de Madrid.

Por eso, el modelo debe contemplar que el Estado sea el titular del dominio público aeroportuario, y que ceda el uso del mismo mediante contratos específicos a cada uno de los "aeropuertos singulares", transfiriendo las funciones públicas de tutela de la concesión, vigilancia del cumplimiento del contrato concesional y otras funciones de regulación.

Al frente debe estar un Consorcio público participado por el Estado, la Comunidad Autónoma, las administraciones locales concernidas y las instituciones económicas más relevantes. En dicho Consorcio, las administraciones territoriales deben ostentar una posición determinante para adoptar algunas decisiones estratégicas, como la aprobación del Plan Director del aeropuerto y la gestión de los "slots"y el establecimiento y modificación de tarifas de acuerdo con las directivas europeas.

La gestión del aeropuerto deberá recaer sobre una sociedad concesionaria público-privada receptora del uso del dominio público en régimen de concesión y con participación del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales.