Torrijos frena la comisión que Valderas solicita apuntando a Antonio Rivas

La política es el arte de la contradicción. En el Ayuntamiento, PSOE e IU, los miembros del equipo de Gobierno, frenaron ayer una investigación (la tercera pedida por el PP) en torno a Mercasevilla para aclarar las múltiples irregularidades. Mientras, a escala regional, los dirigentes socialistas hablaron de «colaboración con la Justicia» y los de la coalición de izquierdas exigieron la comisión –apuntando al ex delegado de Empleo Antonio Rivas– que en el Ayuntamiento frenó su brazo ejecutor local, Antonio Rodrigo Torrijos, a la sazón, vicepresidente de Mercasevilla.

El PP llevó la moción por urgencia al Pleno al entender que el escándalo «afecta al corazón del Gobierno andaluz» y mancha el nombre de una sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento. «Gracias a las corrupciones e ilegalidades, los prejubilados siguen sin cobrar», aseguró el concejal popular Beltrán Pérez. Los socios de gobierno frenaron también la petición del PP para el cese de Juan Carlos Recio, «que firmó el ERE de 2007 y hoy es director gerente de Mercasevilla».

El consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir, aseguró que «lo ideal» es que la juez Alaya investigue la inclusión en los ERE de 2003 y 2007 de dos personas ajenas a la empresa y dijo que «no hay nada» contra el actual director gerente, Juan Carlos Recio. Hay que poner el caso «a disposición de la juez y no hacer otra cosa, simple y llanamente, eso es lo ideal, que se investigue, lejos de airearlo y hacer historias de este tipo», manifestó Mir, convencido de que «nadie en el seno del Ayuntamiento tiene nada que ver con esto».

El coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, reclamó a la Consejería de Empleo que extienda la investigación anunciada en relación con las prejubilaciones irregulares a todos los ERE aprobados con Antonio Rivas al frente de la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla con el objetivo de determinar si existen «irregularidades similares» en otros casos, según recogió Europa Press. La Junta está «obligada a poner luz y taquígrafos», manifestó Valderas, por lo que exigió la comparecencia en el Parlamento del consejero de Empleo, Manuel Recio. El coordinador de IU considera que ha podido haber «permisividad» de los «responsables públicos y políticos», solicitando que la Cámara de Cuentas también analice los expedientes. «Estamos ante un escándalo de hurto y robo al erario público por vías de ingeniería de la irregularidad administrativa», subrayó.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, mostró su voluntad de que «se investigue hasta el final para despejar las «sombras de dudas» sobre la gestión de la administraciones. Para Jiménez, tiene que aclararse si las personas que no han tenido vinculación alguna con Mercasevilla han llegado a cobrar. «Queremos que se investigue hasta el final, que se sepa lo ocurrido y que se depuren responsabilidades», indicó el portavoz parlamentario, que habló de «tolerancia cero con la corrupción en Andalucía».

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, destacó que «no hay nada que ocultar ni de qué preocuparse» respecto a las últimas irregularidades detectadas. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, indicó que la Junta se ha puesto «de frente» y «lleva la iniciativa para el esclarecimiento de asuntos tienen toda la pinta de ser irregularidades». Finalmente, el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que va a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.