López oficializa el decreto que indemniza a familiares de etarras

El texto recoge ayudas de hasta 390.000 euros para las «víctimas policiales»

MADRID/ VITORIA- El Gobierno vasco oficializó ayer el borrador de decreto que adelantó LA RAZÓN hace dos semanas en el que reconocerá como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre 1968 y 1978 y que excluye a los terroristas. El Gobierno vasco hizo ayer público el borrador del texto a través de la comparecencia de su consejera de Justicia. El decreto especifica, en su artículo 5, que no serán reconocidos como «víctimas» de sufrimientos injustos aquellos que los hayan sufrido en el «desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran o pretendieran realizarla, aunque se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar y repeler directamente esa acción violenta».

El texto mantiene indemnizaciones de hasta 390.000, que podrán ser recibidas por los familiares, para las víctimas de la «violencia» policial. El documento presentado se encuentra en la fase final de alegaciones, donde las más críticas las han aportado las asociaciones de víctimas del terrorismo. A ellas quiso «tranquilizar» de forma expresa la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, al señalar que el Ejecutivo del PSE no «equipara» a las víctimas, no cae en «equidistancias» entre distintas violencias ni asume «las tesis de quienes nunca han condenado a ETA». Además, destacó que nunca integrarán el colectivo de damnificados los terroristas muertos al intentar atentar o en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si bien nada dijo de los etarras que traten de acreditar supuestas torturas en comisaría. La ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Manuela Carmena, autora del borrador, aclaró que no se pretende juzgar a los victimarios, sino reparar a las víctimas y «contribuir a la convivencia y legitimación del Estado de Derecho».

Pero las asociaciones de víctimas desconfían y están convencidas de que acabarán colándose más casos de los que contempla el texto. Por un lado se preguntan qué es lo que entiende el Gobierno vasco por «terroristas» cuando quien quemó a un ertzaintza en Rentería o quienes lanza cócteles «molotov» no han sido considerados como tal, o que por poner una X en un cuestionario ya no son terroristas para algunos. Además, advierten de que los familiares de los etarras serán beneficiarios alegando supuestas «torturas» falsas. Y es que el hecho de que López afirmara que la permanencia de Otegi en la cárcel es «contraria al sentir popular» les ha preocupado. Además, advierten de que cuando el decreto se lleve a cabo puede que los herederos de Batasuna ya estén en el Parlamento vasco.


Las claves del borrador
- El objeto es la declaración de la condición de víctima y la reparación integral como tal, de quienes hayan padecido sufrimientos injustos.
- Se aplicarán a los hechos de los daños sufridos por las víctimas de violencia de motivación política cometidos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.
- En ningún caso se considerarán sufrimientos injustos aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran.