El fiscal pide hasta 44 años para seis policías implicados en la trama de macroprostíbulos

Para el acusado José Javier M.P., inspector jefe de la Policía Nacional en la Brigada Nacional de Extranjería, el fiscal pide la pena más elevada de hasta 44 años por dos delitos de cohecho pasivo y siete de extorsión.

Según la Fiscalía, estos policías cometieron un delito de favorecimiento de la prostitución "prevaleciéndose de su condición de autoridad"y otro de pertenencia a organización o grupo criminal, alertando a los responsables de las inspecciones a cambio de dinero,
y entre ellos está implicado el comisario Luis G.G., para el que pide 25 años.

Para los propietarios y encargados de los clubes, el fiscal pide de 7 a 18 años; para los policías de 16 a 44; de 5 a 20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero, además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolver sus sociedades.

Según el fiscal, cometieron delitos de favorecimiento de prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada, falsificar documento oficial, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.

El escrito constata que en los prostíbulos los propietarios y encargados "se lucraban de la explotación de los servicios sexuales que ofrecían en dichos locales ciudadanas en situación irregular", mujeres --algunas menores-- que eran idóneas para ser explotadas por sus limitados recursos y la inexistencia de contrato.

Las mujeres "no ejercían libremente la prostitución"y debían entregar a los acusados un porcentaje del dinero conseguido, siendo sometidas a un horario fijo de 11 horas seguidas, y si incumplían, eran sancionadas, todo bajo control de unas 'mamis' que las controlaban.

Según el fiscal, la explotación sexual se prolongó de 2002 a 2008 y estuvo favorecida por los chivatazos de la entonces cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif): el comisario jefe y dos inspectores jefes, así como un subinspector y un agente, que actuaron "abusando de su condición y capacidad de mando".

Estos policías, que entre otras funciones tenían la de realizar redadas en los locales de alterne, lo que hacían era alertarles cuando se iba a producir una inspección para evitar que les cayeran multas por tener a menores y a mujeres en situación irregular.

Para ello se "estructuraron jerárquicamente y con reparto de funciones, asumiendo la jefatura del núcleo"los acusados Luis G.G. y Andrés O.B., mientras que Antonio H. y Raúl P.S. se ocuparon uno del Riviera y el otro del Saratoga, dirigiendo las actuaciones del grupo, coordinando a todos los demás con autoridad indiscutida.

Esta relación de intercambio de información por dinero empezó en 2002 al ponerse en contacto el inspector Andrés O.B., responsable del Grupo 2 de la Ucrif hasta 2004, con los propietarios del Saratoga, que les exigió dinero a cambio de información, sigue el fiscal.

Además de dinero en efectivo, los policías cobraron en especie: por ejemplo relojes, dando trabajo a hijos de los policías y sufragando tratamientos médicos.

El acusado para el que se pide la mayor pena, José Javier M.P., jefe de un grupo de investigación, intervino más tarde en la trama al descubrir las actuaciones ilegales de sus compañeros y querer sumarse al grupo "y desbancar de tal negocio ilícito al exinspector Andrés O. y al policía Ignacio L.".

Además, amenazaba a otros prostíbulos con hacerles inspecciones y, mediante los abogados implicados, les amedrentaba para cobrar comisiones.

El papel de los abogados implicados era interceder entre los clubes y los policías "actuando a veces como intermediarios con el policía aparentando interceder a favor del cliente y otras exigiendo su actuación de asesoramiento legal, amedrentando a los propietarios de los clubes con futuras redadas".

Por ello, la Fiscalía condena a José Javier M.P., junto con algunos abogados, a indemnizar con un total 74.300 euros a los afectados, la suma de "importes de dinero que fueron entregados obligatoriamente para evitar consecuencias perjudiciales en sus respectivos clubes".