La Junta ofrece al Gobierno su eficaz modelo de gestión de la Dependencia

Madrid/Valladolid- Mejorar la coordinación de las políticas públicas entre todas las comunidades autónomas para optimizar los menores recursos existentes, especialmente en materia sanitaria; avanzar en la igualdad en el acceso al empleo entre hombres y mujeres; y que el Gobierno de España aborde cuanto antes varios asuntos tan importantes ahora mismo en nuestro país como son la financiación y desarrollo de la Ley de Dependencia y la deuda de la Sanidad pública.
Éstas son algunas de las principales cuestiones que se pusieron encima de la mesa durante el encuentro que mantuvieron ayer en Madrid los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidad, y Sanidad, Milagros Marcos y Antonio María Sáez Aguado, con la ministra Ana Mato. Una reunión en la que se habló especialmente de la atención a los dependientes, que es un tema en el que nuestra Comunidad tiene mucho que decir, y, sobre todo, de la preocupación existente en Castilla y León por la sostenibilidad del sistema así como el interés de la Comunidad de seguir avanzando en las políticas sociales. Marcos puso a disposición del Gobierno de España el modelo de gestión que se lleva a cabo en nuestra Comunidad, que recientemente ha sido calificado con un sobresaliente, pero insistió en la necesidad de hacer un análisis más pormenorizado de los mecanismos de gestión que se están aplicando en todas las comunidades autónomas «para garantizar la atención a las personas dependientes». «Hay que terminar con el yo invito y tú pagas del anterior Gobierno de Zapatero», dijo la consejera para insistir en que «no es de recibo que las comunidades paguen el 80 por ciento y el Estado, el veinte».
En materia sanitaria, los 534 millones de euros de deuda de Castilla y León estuvieron encima de la mesa, Sáez Aguado le planeteó a la Mato la posibilidad de emitir títulos de deuda, que no generarían déficit público, y que estarían avalados por el Gobierno central y las comunidades, para acabar con el problema y retribuir las facturas pendientes con los acreedores en un plazo de tres o cuatro años. El consejero ve viable esta opción y destacaba la receptibilidad de la ministra.