Chaves estudiará mañana con Montilla vías para impulsar las partes del Estatut vetadas por el TC

«No soy responsable de la sentencia sobre el Estatut, pero sí me siento responsable y me hago cargo de sus consecuencias políticas», proclamó José Luis Rodríguez Zapatero hace diez días en Barcelona. Para demostrar que su compromiso es cierto, Zapatero ha encargado a su vicepresidente tercero, Manuel Chaves, que explore mañana con José Montilla en el Palau de la Generalitat el modo de restaurar el maltrecho Estatut.

De la cita entre Chaves y Montilla podría salir el borrador de un calendario para modificar leyes estatales y así recuperar partes del Estatut que el Tribunal Constitucional ha anulado o interpretado. El objetivo de la reunión no es tanto concretar nuevos traspasos del Estado a la Generalitat como definir una «hoja de ruta» sobre el desarrollo de la integridad del Estatut. Éste es el «gesto político» que Montilla pidió a Zapatero en la entrevista que ambos mantuvieron en la Moncloa hace dos semanas.

El presidente del Gobierno aseguró haber entendido el «malestar» que hay en Cataluña a raíz de la sentencia sobre el Estatut y en su última visita a Barcelona prometió vaciarse para reparar los daños. «Me voy a dejar la piel (...) Me cueste lo que me cueste, el Estatut no será un recuerdo negativo», afirmó.

Chaves llega mañana al Palau de la Generalitat para dar continuidad al archifomoso talante del presidente y poner de manifesto el compromiso del Gobierno con Cataluña en un momento en que todos los sondeos –públicos y privados– desvelan la desapego de los catalanes respecto a los socialistas.

El Gobierno catalán quiere que el informe jurídico que encargó a varios expertos acerca de la sentencia del Estatut sirva como fuente inspiradora de la «hoja de ruta». Este documento aconseja la modificación de más de una decena de leyes orgánicas para recuperar parte del terreno perdido en el Constitucional.

Mañana podrán verse los primeros síntomas de hasta qué punto está dispuesto el Gobierno a emprender reformas legales para complacer las exigencias de la Generalitat.