La contradicción del PSPV sobre el futuro de las Diputaciones provinciales

VALENCIA- La relación entre el PSPV y las Diputaciones está llena de contradicciones. Primero las detestan, luego las reformulan y, más tarde, quieren reducirlas a la mínima expresión. Esta última es la postura actual del principal partido de la oposición. Su secretario general, Ximo Puig, cuando parecía que ya se había reconciliado con estas instituciones centenarias, anunció un plan de ajuste dividido en tres pasos. El primero, reducir el Consell; el segundo, el sector público empresarial; y el tercero, las Diputaciones.
De esta manera, abogó por minimizar al máximo su estructura y sus funciones para acabar suprimiéndolas. Así, volvió a apostar por la propuesta que abanderó el PSOE durante su campaña electoral en las elecciones generales.
Puig, que en ese momento era el coordinador de la campaña del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que se convirtieran en «consejos de alcaldes» de adscripción voluntaria para compartir y coordinar servicios. Argumentó su propuesta defendiendo que son administraciones obsoletas y costosas.
Esta idea fue defendida también por la bancada socialista de la Diputación de Valencia, encabezada entonces por el alcalde de Faura, Toni Gaspar, quien no tuvo otra opción que proponer la desaparición de la Institución en la que trabajaba. Su postura enfadó al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, quien les amenazó incluso con suspenderles el sueldo si continuaban pidiendo la eliminación de las Corporaciones provinciales.
No obstante, la sangre no llegó al río y, de manera paulatina, el PSPV rectificó y rediseñó un nuevo papel para las Diputaciones. Fue en su primer encuentro con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuando propuso convertirlas en el eje de un programa de creación de empleo. En este sentido, le instó a crear un plan de choque dotado con 100 millones de euros provenientes de los remanentes de tesorería de las Diputaciones, donde una correcta gestión ha hecho que sí haya recursos disponibles.
Ahora, los socialistas han recuperado el discurso inicial de pedir su supresión, en un momento en el que el Ejecutivo central les ha otorgado un papel importante, puesto que les ha encargado gestionar muchos de los servicios que ahora prestan los Ayuntamientos, principalmente los de aquellos gobiernos locales con una economía más que delicada.
El objetivo de la reforma, según explicó el presidente del Gobierno, Marino Rajoy, es que todos los municipios, por pequeños que sean, puedan ofrecer servicios a precios razonables y aprovechar los beneficios de la economía de escala. Las Corporaciones provinciales se encargarán, por ejemplo, de los servicios de basuras o alumbrado.