Juicio político a Camps

El «caso Gürtel» ha empezado a girar 180 grados en la dirección que apuntaban las tesis editoriales mantenidas por LA RAZÓN de que, a falta de otras pruebas, estábamos ante una indecente operación de acoso a Francisco Camps con el propósito de lograr en el banquillo de los acusados lo que la izquierda no gana en las urnas. Que la instrucción estaba salpicada de irregularidades y de actuaciones confusas, en las que había indicios de contaminación política, era algo más que una sospecha. Tanto la Fiscalía como el propio juez Baltasar Garzón compartían un propósito que en poco se parecía al objetivo de establecer la verdad jurídica, sino a desarrollar una estrategia del «todo vale» para poner a Camps y al PP contra las cuerdas. Hasta tal punto ha sido abusiva la investigación que Garzón ha resultado imputado por el Tribunal Supremo por prevaricación al ordenar escuchas ilegales y contrarias al derecho de defensa. Ahora, la dudosa actuación del juez suspendido en sus funciones cobra una nueva y grave dimensión tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, uno de los magistrados de mayor prestigio del alto tribunal, de abrir una investigación sobre si Garzón se quedó ilegalmente con el «caso Gürtel», eludiendo el reparto por sorteo de los sumarios en base a unas supuestas conexiones anteriores con el «caso BBVA-Privanza» por el hecho de coincidir indirectamente algún personaje; y, también, sobre si ocultó, con la colaboración de la Fiscalía, un testimonio clave que exculparía a Camps. Se trata de las conversaciones de Pablo Crespo con sus abogados, en las que exoneraba al presidente valenciano de que le hubieran pagado los famosos trajes, y confirmaba que se los había pagado de su bolsillo. Este testimonio podría haber sido definitivo para haberle evitado la investigación por cohecho impropio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero al parecer se ocultó intencionadamente para no ponerle punto final a la instrucción del caso. Un juez de probada competencia y marcada independencia indagará ahora sobre estas revelaciones que, de confirmarse, no sólo terminarían con el acoso a Camps, sino que además destaparían el mayor escándalo judicial de la democracia, en el que un juez habría violentado las normas fundamentales de la Justicia por motivos ideológicos y partidistas, con el apoyo del Gobierno y del coro mediático que ha encabezado el linchamiento político al presidente valenciano. La manipulación procesal para que el caso quedara en las manos «adecuadas» –las de un juez, no se olvide, que fue número dos del PSOE, secretario de Estado de un Gobierno socialista y que nunca ha ocultado sus simpatías ideológicas– y la ocultación de datos relevantes son circunstancias definitivas que tendrán que ser debidamente explicadas no sólo por Garzón, sino también por la Fiscalía y el Gobierno. La ocultación de pruebas concluyentes que demuestran la inocencia de un acusado es de por sí un deleznable comportamiento delictivo, pero cuando en ella participan deliberadamente los principales servidores de la Justicia, entonces asistimos a una quiebra gravísima del Estado de Derecho que no debe quedar impune.