Las «facturas sin contabilizar» del Gobierno de Griñán

SEVILLA- Las empresas de obra pública y su industria auxiliar son uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Al recorte de inversiones por parte del Estado y de la Junta –el presupuesto de la Consejería de Obra Pública ha caído más de un 60 por ciento entre los presupuestos de 2011 y 2012– se unen los impagos de las administraciones. Por unos y otros motivos en la comunidad andaluza quebraron el año pasado en torno a 2.000 empresas, según los datos recabados por el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Desde que comenzó a arreciar la crisis a principios de 2008, consideran que el impacto ha sido de unos 200.000 desempleados.

En la deuda que mantiene el Gobierno andaluz con las empresas de este sector hay baile de cifras. Y turbidez en las cuentas. Ceacop y la Cámara de Contratistas de Andalucía coinciden en la cifra de 1.200 millones. Sin embargo, la Junta sólo reconoce en torno a 300. ¿A qué se debe este abultado desfase? La gerente de Ceacop, Ana Chocano, aseguró ayer a este periódico que «hay facturas de obra pública que la Junta no está contabilizando. Hay deuda pendiente de cobro, pero que no se suma». Uno de los factores –aunque no el único– que explicarían este desfase económico son las desviaciones presupuestarias en las obras, que en muchos casos están acordadas técnicamente, pero no dotadas presupuestariamente. Para la Junta no contaría en su débito, «para nosotros, sí», expresan desde Ceacop.
Más del 50 por ciento del débito lo acumula la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, pero prácticamente todas las consejerías –Medio Ambiente, Salud, Educación...– tienen deudas por infraestructuras pendientes con el sector. El horizonte es un apagón en la licitación en el próximo año y medio.

Ni hay acuerdo en la deuda ni hay calendario de pagos con el sector, a pesar de que la patronal de obra pública lo lleva reclamando desde hace más de un año. Hubo un principio de entendimiento para saldar la deuda en cinco años, pero quedó parado. Las empresas lo que buscan es cobrar al menos las cantidades facturadas después del verano de 2011 porque todo lo anterior se computa como deuda antigua y el cobro es aún más improbable. Hay pagos que se remontan a cuatro o cinco años. El montante global de la deuda ya ni sube porque las empresas no pueden seguir tirando de pulmón financiero. El grifo del crédito también está cerrado. «La Junta se está financiando a costa de las empresas», desliza la gerente de Ceacop. Obras Públicas, junto con Sanidad –los suministradores de productos sanitarios y la industria farmacéutica reclaman 2.400 millones de euros– suponen las dos principales patas deudoras de la Administración andaluza. Y también los dos sectores que pueden concentrar, según viene avisando el PP desde hace meses, el mayor volumen de deuda opaca.

Y, mientras, los datos de deuda que ofrece el Banco de España sitúan a Andalucía por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. La cuestión es que estos indicadores no miden las facturas sin contabilizar, trabajos comprometidos pero que aún no han entrado en el sistema de pagos pendientes de la Administración autonómica. Es lo que el PP denomina «facturas en los cajones» y por lo que acusa a la Junta de estar en «suspensión de pagos». La mejor manera de aclarar la situación real de las comunidades es que éstas reconozcan públicamente la deuda global adquirida con los proveedores. La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, no ofreció ayer una cifra de a cuánto puede ascender esta cantidad. Sí aseguró que en la Administración andaluza no existe el concepto «facturas en los cajones».