La Policía gala arresta al creador de los implantes PIP

La detención hoy del fabricante de los implantes mamarios defectuosos PIP, Jean-Claude Mas, marca un punto de inflexión en la investigación judicial en Francia para la búsqueda de responsabilidades en este escándalo sanitario de alcance mundial.

Su arresto en la localidad de Six-Fours, en la región de la Costa Azul, fue efectuada por los gendarmes de la unidad de investigaciones de Marsella y está relacionada con uno de los dos procedimientos judiciales abiertos por los presuntos fraudes cometidos por su compañía.

Se trata de la investigación dirigida desde el mes pasado por la juez de instrucción Annaïck Le Goff por homicidio involuntario y lesiones, por la que se espera que comparezca ante la Justicia esta misma noche o el viernes por la mañana, y que podría conducirle a una condena de hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

Según informaron los medios franceses, también fue arrestado en la localidad vecina de Seyne-sur-Mer el anterior responsable ejecutivo de Poly Implants Prothèses (PIP), Claude Couty, cuyo domicilio, al igual que el de Mas, fue registrado hoy por los agentes.

El empresario había sido objeto ya de otra investigación judicial por estafa, cuya fase de instrucción se cerró el pasado octubre, y que debería dar lugar a un juicio a finales de 2012.

Para Philippe Courtois, abogado de la Asociación de Portadoras de Prótesis PIP, el hecho de que se encuentre ahora detenido supone ante todo la posibilidad de que no pueda salir del territorio "para que el juicio tenga lugar".

Courtois destacó hoy en la emisora "France Info"que Mas ya se ha explicado ante la Policía y que repetir que era consciente de que esas prótesis no estaban homologadas "no vale la pena", pero se congratuló de que haya sido detenido porque hasta ahora nada le impedía salir de Francia.

En esa misma línea se expresó hoy la presidenta del Movimiento de Defensa de Mujeres Portadoras de Implantes, Muriel Ajello, para quien el "mayor temor"que tenían hasta ahora las víctimas, de las que se calcula que hay 30.000 solo en Francia, era que Mas se fuera y que con esa marcha se quedaran sin "adversario"ante la Justicia.

La empresa, a la que se le decretó la liquidación judicial en 2010, se fundó en 1991 en la Costa Azul y llegó a convertirse a finales de esa década en el tercer productor mundial de ese tipo de prótesis, con ventas principalmente a países latinoamericanos y europeos.

No fue hasta marzo de 2010 cuando las autoridades sanitarias galas decidieron retirar ese gel del mercado, tras haber sido alertadas por la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud (AFSSAPS) sobre los "efectos adversos del producto"y su riesgo más elevado de rotura.

Mas, en sus anteriores declaraciones ante los gendarmes, no ha escondido que era fácil engañar al organismo que debía certificar las prótesis y apuntó que empleó "conscientemente un gel no homologado"porque era más barato, pero ha tenido cuidado en precisar que no sabía que planteara un riesgo para la salud.

El Gobierno francés, en cambio, recomendó a finales del pasado diciembre a las ciudadanas francesas que llevaran prótesis de la marca PIP que se las retiraran a título "preventivo y sin carácter de urgencia", incluso si no mostraban signos de deterioro.

Esa decisión sin precedentes del Ejecutivo galo se produjo después de que se hubieran registrado, aunque no se haya establecido un vínculo directo, varios casos de cáncer en portadoras de esos implantes, que hasta le fecha se elevan a 20 en el país, y de los cuales, según precisó hoy "Le Monde", doce son de mama.

Francia fue el primer país en hacer saltar las alarmas de un escándalo que se ha extendido también a otros países de América Latina, como Venezuela, Brasil o Argentina, y de la Unión Europea, como España y el Reino Unido, donde ya han surgido asociaciones para que esas pacientes pidan indemnizaciones y responsabilidades.

Se calcula que varios cientos de miles de mujeres son portadoras de esas prótesis en todo el mundo, por lo que esta nueva investigación judicial por homicidio y lesiones involuntarias, según los medios galos, se anuncia particularmente larga y podría durar años.