Fomento arrastra una deuda de 40000 millones de euros

Madrid- «Se acabaron las obras faraónicas y los convenios sin dinero», anunció ayer Ana Pastor a modo de declaración de intenciones en el Congreso antes de detallar las actuaciones que acometerá su departamento en la legislatura. No es que las palabras de la ministra de Fomento sean especialmente novedosas, después de que su predecesor en el cargo, José Blanco, ya anunciase hace un par de años que «nada volvería a ser como antes» y que los gastos multimillonarios para hacer infraestructuras a diestro y siniestro eran cosa del pasado por mor de la crisis. Lo que sí lo fue es el dramático cuadro que pintó Pastor de la situación financiera de su departamento, acuciado por una deuda que supera los 40.000 millones, equivalentes a algo más de 3 puntos del PIB español, que le obligará a hacer del rigor el eje de su futura actuación.
Agujero

Sólo entre Adif –14.600 millones–, Renfe –5.200 millones– y Aena –14.943 millones– suman una deuda que sobrepasa los 33.000 millones de euros. Una pesadísima losa a la que se suman los 6.173 millones de euros de gasto ya comprometidos por el Gobierno anterior para este año. A modo de ejemplo, en carreteras el déficit es de 1.700 millones de euros, informó Pastor.

Esta herencia no conllevará, en ningún caso, la paralización de la actividad del ministerio. La ministra anunció que el próximo mes de julio presentará un nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) que tendrá como horizonte temporal el año 2024. Un proyecto que, ante la delicada situación que atraviesa el departamento, «se regirá por el principio del máximo rigor económico en la priorización de inversiones» y que, según los cálculos de los técnicos de Fomento, puede llegar a implicar una inversión de 225.000 millones. Unos recursos muy elevados en el contexto actual de crisis, si bien Pastor confía en la implicación del capital privado y en captar fondos de la Unión Europea.

Destino de los fondos
Ferrocarriles y carreteras serán los principales beneficiarios de este dinero. Sólo para acometer actuaciones en la alta velocidad ferroviaria, la inversión ascenderá a 25.000 millones de euros.

Los recursos que se movilizarán para la red viaria, que ascenderán a 52.403 millones de euros, se destinarán de forma prioritaria a la finalización de los itinerarios ya empezados con el objetivo de cerrar el mallado de la red.

El plan, que Pastor ofreció consensuar con el resto de partidos a través de un gran pacto de Estado, también contemplará actuaciones en el ámbito de vivienda, como promover la mediación para resolver los conflictos entre partes y fomentar el alquiler como vía de acceso a la vivienda para las personas con menos recursos.

Pocos datos nuevos dejó, sin embargo, la ministra sobre el nuevo modelo aeroportuario que implantará el Ejecutivo tras paralizar la privatización de Barajas y El Prat. Más allá de insistir en que deberá estar basado en la «racionalidad» para las inversiones y en la reducción de costes en todo lo accesorio, Pastor centró buena parte de su intervención en esta materia en el reciente cese de actividad de Spanair. La ministra anunció que va a trabajar para dotar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las capacidades para la supervisión efectiva de las aerolíneas, tanto en el inicio de su actividad como en su suspensión de operaciones, después de que Fomento se enterase del cierre «abrupto y sin previo aviso» de Spanair a través de los trabajadores de la compañía y de que la compañía lo comunicase media hora más tarde de materializarlo.

Más medidas
También para evitar que se repitan situaciones como la de la aerolínea catalana, Pastor consideró necesario plantear algunas medidas que aseguren y protejan los derechos de los pasajeros, rehenes muchas veces de las compañías, y exigir a las compañías el cumplimiento de las obligaciones. Así, se establecerá un procedimiento obligatorio para las compañías que se vean obligadas a suspender su actividad por motivos empresariales. En este punto, y tal y como adelantó LA RAZÓN ayer, sugirió la creación de un fondo para abonar indemnizaciones a los afectados por el cese de actividad de las compañías de transportes, así como la intención de que las compañías que sean impuntuales resarzan a los viajeros afectados. Ambas medidas forman parte de la carta de derechos de los usuarios de infraestructuras que el ministerio aprobará para proteger a los usuarios de transporte.