Una vez hecho un repaso a la asfixiante coyuntura económica, la presidenta comenzó «sacando pecho» hablando de Sanidad y de Educación, las carteras a las que dedica la mayor parte del presupuesto.
Aguirre recordó uno de los grandes retos del último trimestre del año: la puesta marcha la Ley de Libertad de Elección de médico –a partir del 15 de octubre– y de hospital –el 1 de diciembre–. Además, expuso las mejores cifras sanitarias, la mayoría provenientes de la puesta en marcha de ocho nuevos hospitales en siete años. Con respecto a Educación, Aguirre destacó la puesta en vigor de la Ley de Autoridad del Profesor y recordó que se ha destinado 1.219 millones de euros en siete años con los que, entre otras medidas, se han construido 374 centros públicos (uno a la semana desde 2003) y se ha logrado la «conversión» al bilingüismo de 242 centros de Primaria y los primeros 32 de Secundaria, tras lo que destacó cómo se ha reducido en seis puntos el índice de fracaso escolar. Uno de los pocos anuncios del discurso, se centró precisamente en el área educativa, en la que el Gobierno establecerá otra prueba de nivel externa como la que hacen cada año los alumnos de sexto de Primaria y de tercero Secundaria. En concreto, la presidenta detalló que los escolares de segundo de Primaria también se enfrentará en este curso a un test de rendimiento académico de lectura, dictado y cuentas «para que ningún niño se quede rezagado». La jefa del Ejecutivo exigió, en materia de Justicia, un endurecimiento de la Ley del Menor para que aquellos menores infractores que cumplan la mayoría de edad y aún les queden penas que cumplir, ingresen en prisión de forma directa y para que los antecedentes penales no desaparezcan cuando cumplan 18 años. «La reincidencia no puede salir gratis», apostilló. Además, explicó que modificará la Ley del Suelo para que los ayuntamientos puedan adoptar decisiones sin revisar planes generales.