Merkel se queda casi sola en su intento de reformar el Tratado de Lisboa

En vísperas de la cumbre que celebrarán, el jueves y el viernes en Bruselas, los líderes de la Unión Europea, el escepticismo es general entre diplomáticos y funcionarios comunitarios sobre la posibilidad de un acuerdo en torno a esta exigencia alemana.

Por razones de política interna, el Gobierno alemán quiere que el tratado de la Unión autorice claramente el establecimiento de un mecanismo permanente, como último recurso, para el rescate de un Estado de la zona euro en riesgo de quiebra.

La "facilidad"financiera creada "in extremis"durante la crisis griega de la pasada primavera sólo tiene validez hasta 2013 y Berlín siempre ha temido que su existencia sea denunciada ante el Tribunal Constitucional alemán como una violación del texto europeo.

Paralelamente, Alemania también insiste en que el tratado admita, como sanción política suprema, la posibilidad de retirar temporalmente el derecho de voto en el Consejo de la UE al Estado miembro que viole repetidamente las reglas de disciplina. De momento, Merkel sólo ha conseguido el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, pero a un alto precio.

Alemania ha tenido que aceptar que las futuras sanciones financieras contra los países poco rigurosos en sus políticas económicas no sean automáticas y que el afectado tenga una última oportunidad de bloquearlas en el seno del Consejo de ministros, si reúne una mayoría de dos tercios.

El cambio de actitud, que se anunció en la cumbre bilateral franco-alemana de Deauville hace diez días, supone una concesión de envergadura a Francia que ha sorprendido a numerosos socios y, por encima de todos, al Banco Central Europeo (BCE).

El compromiso franco-alemán ha permitido, no obstante, que se cerraran los trabajos del grupo especial que, bajo la presidencia de Herman Van Rompuy, ha preparado desde mayo la reforma de las reglas de gobernanza económica en Europa.

En busca de un consenso
El cometido de este grupo, situado al margen aunque no del todo fuera de los mecanismos de decisión habituales de la UE, ha sido sacar todas las consecuencias de la grave crisis de la deuda pública en Grecia, que estuvo a punto de arrastrar a toda la Eurozona en mayo, y propiciar el consenso entre los ministros de Finanzas sobre los cambios necesarios.

Se espera que los líderes respalden las conclusiones del grupo Van Rompuy, en las que ya se indica que algunas reformas, como el establecimiento de un mecanismo permanente de resolución de crisis presupuestarias, pueden "requerir cambios en el tratado". El informe también advierte de que "el Consejo Europeo podría examinar otras cuestiones abiertas, como la de la suspensión de los derechos de voto".

La manera en que Merkel y Sarkozy anunciaron el pasado día 18 su acuerdo sobre la necesidad de reformar el tratado -mientras los 27 ministros de Finanzas estaban reunidos en Luxemburgo tratando de cerrar el informe del grupo Van Rompuy- no ha gustado a nadie.

De hecho, según admitía hoy un diplomático que participa personalmente en los preparativos de la cumbre, una buena parte de los socios espera que las dos delegaciones expliquen mañana por qué es necesario cambiar el texto.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha ido más lejos y ha calificado de "irresponsable"la propuesta de reformar el Tratado de Lisboa, que entró en vigor no hace ni siquiera un año y representó el final de casi una década de negociaciones llenas de fracasos y sobresaltos.

Incluso si la reforma fuera limitada y se siguiera un procedimiento de revisión simplificado -previsto en el propio Tratado de Lisboa- al final del proceso cada Estado miembro tendría que ratificar los cambios, conforme a sus procedimientos nacionales, lo que podría conducir a la convocatoria de referendos de resultado más que incierto.

Los líderes comunitarios podrían esquivar mañana la cuestión limitándose a encargar a Van Rompuy que prosiga los trabajos de su grupo y explore la viabilidad de una reforma limitada. Si una de las exigencias alemanas, la inclusión en el tratado del mecanismo de rescate, suscita serias dudas, la otra, la suspensión del voto, provoca el rechazo generalizado. Fuentes oficiales españolas calificaron hoy de "excesiva"esta medida.