«No dejaré que los catalanes pierdan derechos frente al resto de españoles»

-¿Cuando interpuso el recurso sobre la Ley de acogida de inmigrantes se imaginaba la reacción de la Generalitat?
– No, no me lo imaginaba, porque las leyes deben ser cumplidas por todos y las sentencias deben también ser acatadas por todos, gusten o no gusten y se compartan o no se compartan; ese es el deber de todos en un Estado de Derecho. El funcionamiento normal de las instituciones implica que órganos de control como el Defensor del Pueblo examinen las nuevas normativas y, si lo consideran necesario, recurran sin que ello signifique ir contra nadie, ni mucho menos contra quienes las dictaron. La normalidad no debería ser objeto de críticas. Precisamente, la existencia de mecanismos de control sobre los poderes del Estado es una de las grandezas del Estado de Derecho.

– ¿Qué le parece que el presidente de la Generalitat considere que, al ejercer su cargo en funciones, no tiene potestad para recurrir una norma?
– Es simplemente falta de conocimiento porque las competencias del Defensor del Pueblo en funciones son plenas, y así lo quiso la Ley Orgánica que regula la Institución. Le aseguro que no le doy ninguna importancia. Ahora bien, si alguien creía que, por estar en funciones, yo iba a hacer dejación de mis obligaciones, está muy equivocado. Entiendo que la defensa de los derechos fundamentales no admite paréntesis, interinajes, periodos de inacción, ni interrupciones.

– Montilla le acusa de poner el recurso en nombre del PP porque usted fue diputada de este partido. ¿Su adscripción política ha condicionado el recurso?
– Lo que caracteriza a la institución del Defensor del Pueblo es la independencia. Los que han trabajado conmigo saben que he dado prueba de ello en los 10 años que llevo en la institución. Después de varias legislaturas como diputada nacional fui elegida por unanimidad de todos los grupos políticos del arco parlamentario como adjunta primera del Defensor del Pueblo.

– Gobierno y Generalitat quieren recuperar las competencias recortadas del Estatut, y el Ejecutivo ya ha anunciado que iniciará la reforma de la Ley del Poder Judicial a la que ya se oponen los jueces. ¿Es lítico utilizar este camino?
– Prefiero no valorar posibilidades que aún no se han concretado en normas jurídicas.

– El Síndic de Greuges apeló hace unos días a la colaboración para recuperar las competencias de esta institución catalana recortadas por el Tribunal Constitucional. ¿Ha mantenido algún contacto con él?
– Sí, mantuvimos un contacto a petición del Síndic, que acepté encantada. En esa reunión acordamos que, a partir de septiembre, estudiaríamos la forma de colaborar. Desde hace muchos años venimos aplicando los principios de cooperación y coordinación entre el Defensor del Pueblo y los defensores autonómicos para proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos. Indudablemente todo es susceptible de mejora y perfeccionamiento. Lo que sí quiero dejar claro es que lo que se haga, se producirá con total respeto al ordenamiento jurídico, y en concreto, a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a nuestra Ley Orgánica, a la Ley de colaboración entre defensor nacional y defensores autonómicos, y a la jurisprudencia, incluida por supuesto la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

– ¿Los ciudadanos de Cataluña también tienen derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo?
– Por supuesto que sí, y las dudas que había han quedado definitivamente zanjadas por el Tribunal Constitucional. En los temas relacionados con la administración central deben dirigirse al Defensor del Pueblo nacional; en los temas relacionados con su Comunidad Autónoma, tienen, como el resto de los españoles, el derecho a elegir entre dirigirse tanto al Defensor del Pueblo nacional como a su Defensor del Pueblo autonómico; y, como usted comprenderá, no voy a permitir que los catalanes tengan menos derecho que el resto de los españoles, porque eso constituiría no sólo un agravio comparativo, sino también una quiebra al principio de igualdad. Esta fue una de las razones fundamentales por las que se presentó el recurso en el año 2006.

– Ciutadan's se ha dirigido a la Institución que usted encabeza para que recurra la Ley del código de consumo. ¿Está estudiando este recurso?
– Estudiamos todas las peticiones que recibimos, y, una vez efectuado un análisis profundo y riguroso, decidimos si interponemos o no el recurso.

– Tanto la Ley del código de consumo como la Ley de acogida de inmigrantes imponen el catalán en el ámbito privado, pero cuando en Cataluña se denuncia la situación de desamparo del castellano, hay quien lo ve como un ataque...
– Como catalana que soy es algo que no entiendo. Tener dos lenguas oficiales como tenemos en Cataluña es un privilegio y una riqueza que no tienen todas las comunidades autónomas, y, por eso, las dos lenguas cooficiales deben ser queridas, aceptadas y respetadas por todos. Será luego cada persona, la que decida cuál quiere usar, sin que la elección suponga una ofensa para nadie, porque el ejercicio de la libertad no debe ofender a nadie.

– Pero, al final, ¿la vía para defender el bilingüismo es mediante recursos?
– No debería ser así. Como puede usted imaginarse, no es agradable recurrir. Creo que en materia lingüística, como en tantos otros asuntos, el respeto a la libertad de todos, a la pluralidad y un sentido de tolerancia son las mejores maneras de suavizar tensiones y construir una sociedad abierta, dinámica y respetuosa con los derechos de todos.