El PP manchego presenta un «pacto nacional» a la Ley del Agua de Barreda

El texto no hace referencia a la creación de una reserva hídrica sino que establece las necesidades de agua de la región y deja abierta la posibilidad de que puedan ampliarse en función de las necesidades socioeconómicas de Castilla-La Mancha, según fuentes del grupo parlamentario popular. De esta manera, el escrito pone de manifiesto en el preámbulo la creación de un «pacto nacional» en materia de agua con el fin de «establecer una planificación hidrológica común».

El Partido Popular presentó la alternativa, que se desarrolla en ocho artículos y una disposición transitoria única y otra derogatoria, minutos antes de que acabara el plazo de presentación de enmiendas a esta ley, el pasado lunes.

«La fórmula no es la de crear una reserva estratégica porque tal y como ha dicho la secretaria nacional del agua es inaplicable, es demagogia y sólo conduce a la inaplicabilidad, como ocurre en Aragón», comentaron las fuentes consultadas.

Asimismo, indicaron que la propia aplicación de esta Ley, que está basada en el programa marco autonómico que presentó el PP en Palma de Mallorca a principios de este mes, permitiría la «progresiva reducción del trasvase Tajo-Segura».

Por ello, el texto realizado por los populares castellano-manchegos fija que, una vez que se respeten las necesidades de Castilla-La Mancha, el agua trasvasable desde el río Tajo hasta la cuenca del Segura tiene que ser acorde con los objetivos medioambientales y el buen estado ecológico de las aguas superficiales que establecen las normativas tanto estatales como la comunitaria.

También establece que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha es el instrumento de la Junta para desarrollar sus competencias en materia de agua y fija que el Gobierno regional tiene derecho a la planificación de las obras hidráulicas de interés general cuando afecten a la región o a otras comunidades con trascendencia para ésta. Además, el texto determina, que la Junta enviará informes previos y perceptivos ante cualquier trasvase que afecte a los órganos de planificación, gestión y dirección de las cuencas hidrográficas castellano-manchegas.

En este sentido, la ley propuesta por el PP desarrolla el marco competencial que se atribuye a Castilla-La Mancha en materia de cuencas hidrográficas intercomunitarias y afianza los mecanismos para proteger el agua y garantizar su uso en la región. «Es un texto alternativo que recoge todas y cada una de las necesidades que en materia de agua tiene la región, desde abordar la planificación hídrica a proponer asuntos más concretos como los bombeos de La Mancha oriental», apuntaron las fuentes.

Sobre la posible acogida que tendrá el texto por parte del Grupo Socialista, consideraron que el PSOE «nunca ha hecho ningún esfuerzo de entendimiento» y que siempre se ha limitado a «desacreditar» la posición del PP. «Creemos que es el mejor instrumento legal en defensa del agua de Castilla-La Mancha, es una ley ajustada a la Constitución y respetuosa, que contempla todas las demandas de la región y pone soluciones y propuestas a cada una de ellas», señalaron.

El Grupo Popular castellano-manchego anunció tras la celebración del pleno del 24 de febrero, cuando se aprobó con los únicos votos socialistas la toma en consideración de la Ley del Agua, que presentarían un texto alternativo.


Los trasvases no son un capricho
El Tribunal Supremo recordó ayer por séptima vez en los últimos once meses al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que los trasvases no son un capricho. De esta manera, el alto tribunal rechazó el recurso del gobierno manchego contra un desembalse acordado el 16 de enero de 2009 para derivar 44,5 millones de metros cúbicos. En esta ocasión, el Ejecutivo Barreda impugnó un trasvase que iba destinado mayoritariamente al abastecimiento de la población.