La Junta «aumenta» las encomiendas a Sadesi pese a la advertencia del TSJA

SEVILLA- La Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi) ha licitado un concurso público para contratar un servicio externo de tareas técnico-administrativas en las áreas de soportes a operaciones de proyectos de Tecnologías de la Información (TI). El argumento que ofrece la mercantil, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa es el «la creciente variedad de los servicios prestados y el cada vez mayor volumen de trabajo asumido», especialmente ante «el aumento considerable de encomiendas de gestión que han recibido las áreas de soporte y operaciones de gestión de proyectos TI en los últimos meses».
El 19 de octubre de 2009, un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió de manera cautelar una resolución del 27 de febrero de ese mismo año por la que se encomendó a Sadesi la operación y soporte de sistemas de gestión empresarial implantados en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Presidencia.
La medida cautelar fue adoptada tras una denuncia del Sindicato andaluz de funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja). El TSJA argumentó que «la efectividad de la encomienda implicaría la pérdida de efectividad de la sentencia estimatoria, ya que el personal adscrito a la mercantil estaría ejerciendo potestades públicas, siendo imposible revertir las situaciones jurídicas generadas a su amparo».
El Alto Tribunal señaló también que «la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil sería contraria a Ley y supone el reflejo de la huida del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza, variando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos».
El TSJA fue incluso más allá y argumentó que la suspensión cautelar no causaba ningún perjuicio a la Junta ya que «dichas funciones pueden realizarse como hasta ahora por los numerosos funcionarios».
Este mismo argumento fue utilizado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla en junio de este año. La titular del mismo suspendió de manera cautelar una encomienda de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para la explotación de datos derivados de la gestión de la formación de oferta dirigida, de forma prioritaria, a trabajadores ocupados.
Sin embargo, un año después, Sadesi no sólo reconoce que cada vez asume más carga de trabajo, sino que ni tan siquiera su personal en plantilla es capaz de desarrollarlo y necesita recurrir a empresas externas.
En este caso, «el equipo de trabajo mínimo que se estima adecuado para las necesidades del servicio con una dedicación del 100 por cien estaría formado por tres administrativos». El importe es de 93.810 euros, una cantidad similar a la encomienda de gestión para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional que le paralizó el TSJA y que ascendía 100.000 euros.
La composición de la mesa de contratación es muy reveladora del funcionamiento de la Administración. Además de los altos cargos de Sadesi, se admite que «en determinados casos puede ser conveniente la incorporación de algún responsable del proyecto por parte de la Consejería o la Agencia que haya encomendado a Sadesi la ejecución del mismo». El propio pliego admite que el fin último del trabajo es servir a la Junta de Andalucía independientemente del ente desde donde parta la orden.
Como el sector público está en un proceso de reordenación, el contrato contempla la posibilidad de que Sadesi pueda cederlo «a cualquier tercero, sea persona jurídica y/o física, administración, ente público o empresa pública» quedando subrogado el adjudicatario.

Precedentes irregulares en contratación
Sadesi es propiedad al 100 por cien de Sandetel, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. En 2007, la Cámara de Cuentas de Andalucía alertó de una serie de irregularidades en la contratación en Sandetel y sus filiales –Sadesi y Citandalucía–. Concretamente, se detectaron contratos en los que existía indicación expresa por parte de la Consejería, con independencia del procedimiento seguido, «del tercero que debía resultar adjudicatario».