La juez de los ERE avisa de que aún va «por el último escalón de la pirámide»

Sevilla- De hecho, la magistrada asegura que «sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide» y recuerda el escaso tiempo transcurrido desde que la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.

Es la reacción de la instructora a la petición que la Fiscalía Anticorrupción hizo en octubre para que fije fianzas y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos a los imputados en la causa. Hasta el momento, sólo han declarado parte de los «intrusos», es decir, los beneficiarios de pólizas de prejubilaciones sin haber trabajado nunca en las empresas que recibían las ayudas.

Alaya ha citado a todas las partes personadas en la causa el próximo día 17 para que se pronuncien sobre la fianza que reclama el Ministerio Público. La juez comparte que «deben adoptarse medidas cautelares de naturaleza pecuniaria respecto a los imputados que ya han prestado declaración judicial y que han conocido con detalle los hechos concretos que indiciariamente les incriminan». Pero aclara que la imposición de medidas cautelares sólo se tomarán contra aquellos que ya han declarado porque «existen otros muchos imputados e implicados a los cuales no resulta posible recibir declaración judicial en esta fase de la investigación». Y recalca que hubiera preferido proseguir recabando información para «subir escalones de la mencionada pirámide».

De momento, según los imputados en la causa, en lo alto de esa pirámide estarían el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; o el ex sindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas. Ninguno ha sido citados a declarar.

Las partes personadas –entre ellas, la Junta de Andalucía– tendrán que pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares. El sindicato Manos Limpias reclamó en su día esta medida así como que se imputara también a los administradores de las empresas por haber colaborado en el fraude. No será hasta el próximo jueves cuando se dé el primer paso.

A partir de ahora, al término de las declaraciones judiciales se convertirá en norma la reunión de las partes para adoptar, «si proceden», medidas cautelares.

La Junta, «satisfecha» con el primer fallo del TSJA sobre el fondo irregular
sevilla- «Enormemente satisfecha». Así está la Junta, según aseveró ayer su portavoz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) motivada por una ayuda de 600.000 euros que la empresa sevillana Tierra Virgen Alimentación SL reclamaba al Ejecutivo autonómico y que éste se negó a pagar. Se trata de un fallo en el que el Alto Tribunal andaluz estimó que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, actuó «con total desprecio al derecho y a los trámites exigidos legalmente, prescindiendo total y absolutamente de los mismos» en la concesión de la mencionada subvención, que se tramitó con cargo al denominado «fondo de reptiles».Cabe recordar que Tierra Virgen Alimentación puso una demanda contra la Consejería de Empleo porque esa bonificación de 600.000 euros, acordada de forma unilateral por Guerrero mediante una resolución de noviembre de 2007, no se llegó a abonar, como sí ocurrió con otras cantidades con cargo a la polémica partida 31L. Ahora, la consejera de Presidencia defiende que el TSJA «nos da la razón» y que el fallo judicial, el primero sobre el procedimiento seguido para financiar ERE, se produce porque alguien «intenta cobrar una subvención que la Junta se niega a pagar, en base a las irregularidades que provienen de esa etapa», asevera.
«La Junta de Andalucía ha ganado ese pleito –insiste– y, por lo tanto, no va a estar obligada a pagar ni un solo euro de esos expedientes que son irregularidades». A su juicio, el Gobierno regional cumple con su obligación de denunciar las anomalías detectadas en Empleo, mientras intenta recuperar lo máximo posible de las cifras que se hayan podido sufragar de modo indebido. «La Junta no ha querido pagar aquellos expedientes pendientes de pago donde se han detectado irregularidades», afirma Moreno, para dejar claro que tampoco lo va a hacer en el futuro.