La Junta medió para recolocar a Fernández antes de la imputación

Jerez- La intermediación entre oferta y demanda laboral era una de las tareas encomendadas a Antonio Fernández como consejero de Empleo. Labor ineficaz que culminó con casi 900.000 parados andaluces cuando a finales de marzo de 2010 el presidente José Antonio Griñán decidió relevarlo de su cargo, alertado de su probable relación con la trama fraudulenta de los ERE. En ese momento, todavía no era público que el propio Fernández había sido uno de los 94 beneficiarios del Expediente de Regulación de Empleo de González Byass, bodega en la que entró como botones y con la que mantenía estrechas relaciones. Tras ser relevado como consejero, el propio Fernández sí se preocupó de intermediar para sí mismo a fin de encontrar un destino laboral con el que llenar su retirada forzosa de la política activa. Para ello, fijó sus prioridades en el sector del vino, concretamente, en la denominación de origen de Jerez de la Frontera, donde él nació.

A comienzos de 2010, la consejería de Agricultura había aprobado un plan de ayudas y desarrollo del sector para la denominación de origen que se prolongaba hasta 2013. Fernández comenzó a «mover» los apoyos a su candidatura a la presidencia del consejo regulador de vinos, dispuesto a disputar los 20 votos de otros tantos vocales que integran el pleno del citado consejo. Para conseguir su objetivo, citó en el Parlamento andaluz, donde seguía siendo diputado, a los responsables de Asevi-Asaja, que controlan seis de los vocales en el consejo con derecho a voto para la elección. En ese encuentro, Fernández resaltó ante la patronal agraria sus cualidades personales y la oportunidad que suponía que él se hiciera cargo del consejo, dadas sus buenas relaciones con la administración y su trayectoria política.

Cuando Asaja-Asevi y el ex consejero departían, irrumpió en el encuentro la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera. La actual titular de la Consejería se sumó al diálogo y alabó las condiciones de Antonio Fernández, a la vez que subrayaba que su elección sería fructífera. En la Cámara andaluza se producía una recomendación expresa sobre la idoneidad de Fernández para ocupar un puesto de una institución –el consejo regulador de Jerez– con el que, a su vez, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía está obligada a mantener relación económica y, más concretamente, apoyo a la promoción de los productos del marco.

Elección ajustada
En septiembre de 2010, Antonio Fernández resultó elegido como presidente. No obstante, su elección estuvo marcada por la polémica. El consejo está dividido entre productores (cooperativas) y comercializadores (bodegas). Las bodegas, a través de la patronal Fedejerez, tienen en su mano los diez votos de sus vocales. Fedejerez llegaba unida a la votación, frente a la postura, también monolítica, de los productores, con otros diez. Pero, como recuerdan algunos responsables de las comercializadoras, «sorprendentemente uno de los vocales no se presentó y Fernández resultó elegido por un voto, 10 a 9».

Con el ex consejero de Empleo en la presidencia se han vivido momentos de gran tensión en los plenos, agudizada tras ser imputado por Mercedes Alaya en marzo del pasado año. Tras la citación judicial, los bodegueros han venido subrayando el perjuicio que supone para la imagen de la industria del vino la continuidad de Fernández al frente del consejo regulador. Tanto bodegueros como productores recuerdan el compromiso del ex responsable socialista para abandonar el cargo, si su situación ante la Justicia menoscababa la gestión de la institución. A juicio de algunos empresarios del sector, «la cosa ya ha pasado de castaño a oscuro, pero Fernández sigue ahí, sin inmutarse».

Sobre el desempeño profesional de Fernández que, según recuerdan, no implica dedicación absoluta, se llega hasta a la chanza. «Pero, ¿cómo va a ir las misiones comerciales al extranjero cuando no tiene ni carné de conducir ni maneja idiomas?», preguntan. Hoy se volverá a celebrar pleno en el consejo regulador. La convocatoria se lleva a cabo el último martes, cada dos meses. Fernández volverá a presidirla aunque ya ha comentado a los más próximos que su objetivo es volver a la abogacía tras una atribulada carrera política.

Tres posibles delitos
1. PrevaricaciónLa juez Mercedes Alaya ha imputado a Antonio Fernández por los posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
2. Juez y parteSiendo consejero, su departamento cursó el ERE de la firma bodeguera González-Byass en el que aparece.
3. Nacido para el ERELlama la atención que en su póliza de prejubilación aparece con la antigüedad de su fecha de nacimiento. Nacido para el ERE.