Los alimentos transgénicos cuestión de fe

España es el país europeo con mayor superficie destinada a los cultivos transgénicos (OGM), es decir, a los alimentos que han sido tratados genéticamente: un total de 76.000 hectáreas, en su mayoría arrozales y plantaciones de maíz.

Un arrozal transgénico de Amposta, en Tarragona
Un arrozal transgénico de Amposta, en Tarragona

Estos nuevos mecanismos han puesto en alerta a numerosas organizaciones ecologistas que se oponen a esta tecnología. Por ello, la Comisión Europea ha presentado una lista de razones por las que los países miembros podrían justificar una prohibición de los cultivos transgénicos: el orden público, la moral –ética o religiosa– o una cultura favorable a la agricultura tradicional, son sólo algunas de ellas. A pesar de estas pautas, la CE insiste en que estas indicaciones no bastan para prohibir los OGM, ya que un veto a este tipo de productos afecta a la libre circulación dentro del mercado europeo. La propuesta es un documento de trabajo con el que llevan tiempo colaborando los Veintisiete, ya que las diversas modificaciones que ha propuesto Bruselas se han rechazado.

El Gobierno español también está evaluando el estado de los alimentos alterados y por eso trabaja en lo que denomina «Tecnología Terminator», que se emplea para designar a las plantas modificadas genéticamente cuyas semillas son estériles, es decir, son incapaces de producir nuevas plantas. Además ha creado un reglamento que impulsa el registro de las numerosas variantes que existen en el mercado para mejorar su distribución y garantizar su calidad.