Abortos ilegales: la Generalitat mira hacia otro lado

barcelona- «La Generalitat siempre ha mirado para otro lado». José María Simón Castellví, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas explica así cómo la red de clínicas privadas del doctor Carlos Morín ha llegado a actuar con total impunidad. Las presuntas ilegalidades, los abortos en el último trimestre de embarazo se deben, a su juicio, a la desatención del Gobierno catalán en los últimos cinco años.

Ya en octubre de 2003 la Generalitat, asegura, desoyó sus quejas cuando Morín organizó el «Primer Simposio Internacional Multicultural de Salud Reproductiva». El encuentro se celebró en el hotel Melià de Barcelona y a él se negó la entrada a determinados ginecólogos. No era para menos. Morín necesitaba un público adepto para presenciar sus prácticas. «Fue algo inaudito», recuerda Simón. «Se practicaron 50 abortos en directo». Cinco de ellos fueron de mujeres en el segundo trimestre avanzado de gestación.

Balones fuera

«Las ilegalidades en las clínicas abortistas no son competencia de la Consejería de Salud». De este modo se sacudió la responsabilidad la titular de este departamento de la Generalitat, Marina Geli, el pasado día 1 de diciembre, seis días después de la detención de los máximos responsables de las clínicas imputadas por la trama ilegal de centros abortistas en Barcelona. Si bien el mutismo político ha sido uno de los protagonistas desde la irrupción del escándalo, la Generalitat continuaba ayer «recomendando» a los adolescentes catalanes acudir a algunos de los centros imputados en la investigación para la interrupción voluntaria del embarazo desde una página web de la Generalitat.

Las reacciones del resto de grupos parlamentarios no han sido escasas. El pasado viernes, el PP pedía explicaciones a Geli por la aparición de las clínicas en la web del Instituto Catalán de la Salud y CiU anunció el mismo día que interpelará en el próximo Pleno parlamentario a la consejera por la «falta de reacción» del departamento en la investigación, destacando que es necesario que Salud «asuma responsabilidades y no mire hacia otro lado» a la hora de hacer respetar las garantías jurídicas, sanitarias y éticas en la interrupción del embarazo.

Desde la Generalitat, Marina Geli aseguró que su departamento siempre se ha encontrado «a disposición y en estado de colaboración con la Justicia».

Pero, ¿qué acciones ha llevado a cabo Salud en todo este entramado? Lo cierto es que la Consejería ha actuado siempre a remolque, y sin contundencia, a raíz de las investigaciones periodísticas de los medios internacionales. El 13 de octubre de 2004, tras el reportaje del rotativo británico «The Sunday Telegraph» en el que se probaba la existencia de una red que facilitaba a británicas abortos en Ginemedex de más de 24 semanas de gestación –máximo permitido en Inglaterra–, el Departamento de Salud realizó una inspección de carácter administrativo en la clínica, de la que, según la Consejería, no se halló ningún tipo de «irregularidad ni ilegalidad». El siguiente paso, en 2006, se efectuó al destapar de nuevo, gracias a una televisión danesa, el escándalo de las clínicas de Morín. En aquel momento, Salud abrió un expediente informativo al grupo del cirujano y el subdirector de servicios sanitarios, Lluís Torralba, indicó que los Mossos d'Esquadra comenzarían las diligencias de investigación del caso.

El cierre de las pesquisas se saldó con una multa de 3.006 euros por «faltas administrativas», ya que la Policía Autonómica no pudo probar la «ilegalidad» de las prácticas de los centros, desoyendo así la petición del por entonces ministro de Sanidad danés, Lars Loekke Rasmussen, que demandaba al Gobierno español el estudio del caso.

Para la presidenta de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos, Isabel Viladomiu, las detenciones no fueron una sorpresa. «Esto se sabe desde hace años», afirma. «Además, no es de extrañar que el 97 por ciento de los abortos en Cataluña se realicen en centros privados y, que de éstos, el 97 por ciento se atiene al supuesto del riesgo de la salud psíquica. Algo pasa».

Para Viladomiu, «las mujeres no acuden a los centros privados para evitar la objeción de conciencia de algunos facultativos, lo hacen porque en la sanidad pública serían abortos ilegales, ya que allí los profesionales están formados e instruyen a las pacientes».