Admitido el recurso de los padres del País Vasco contra Ciudadanía

MADRID- Nuevo éxito en los tribunales de los opositores a Educación para la Ciudadanía. Esta vez ha sido en el País Vasco. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad notificó ayer que ha admitido a trámite el recurso contra el decreto que regula la nueva asignatura en los colegios vascos. La admisión se produce «en protección de Derechos Fundamentales»

De acuerdo con Íñigo Urien, el abogado de los demandantes, tras esta decisión judicial, «el Gobierno vasco debe remitir el expediente que contiene lo que han utilizado para confeccionar el decreto regulador de la asignatura». Hecho esto, la sala dará un plazo para hacer la demanda.

Injerencias

El recurso se presentó hace un mes, el 27 de noviembre. Los 14 padres que la interpusieron entendían que la asignatura «vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, al no declarar sobre su ideología, creencias y religión», de acuerdo con la asociación Profesionales por la Ética, promotora de la objeción de conciencia. Además, denunciaban la vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones sin injerencias del Estado o de la Administración.

De acuerdo con la asociación de objetores, el currÍculum de Ciudadanía en el País Vasco tiene «una fuerte carga de educación moral para los alumnos». Por ejemplo, en la introducción a los contenidos de la asignatura se reconoce que la materia se introduce «en el mundo de los valores y de las elecciones personales», por lo que «el alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor».

El decreto vasco también incluye «el rechazo de conductas violentas generadas por el sistema de sexo-género y las estrategias sociales de transmisión de roles y valores: familia, escuela, publicidad, medios de comunicación...».

El recurso presentado en el País Vasco y ahora admitido a trámite se suma al interpuesto por varios grupos de padres (cinco andaluces, cuatro catalanes y 38 asturianos) contra la asignatura. En el caso de los andaluces, al igual que en el de los vascos, el recurso se interpuso por considerar que el decreto que desarrolla la asignatura vulnera los derechos fundamentales de las familias. Los padres catalanes y vascos acudieron a los tribunales contra un escrito de sus respectivas administraciones autonómicas en el que se rechazaba el derecho a la objeción de conciencia.