Casi la mitad de los préstamos pendientes de pago están destinados a vivienda

l 48 por ciento de los préstamos pendientes de pago en 2008 estaban destinados a la compra de la vivienda habitual, frente al 26 por ciento que fueron solicitados para adquirir un coche y el 12 por ciento para consumo general.
Así consta en la memoria 2008 presentada hoy por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) que, ante la situación de endeudamiento de las familias, insta a conseguir un acuerdo general entre representantes de los usuarios y la banca, tutelado por la Administración, destinado a la refinanciación de las deudas.
El 6 por ciento de los préstamos pendientes de pago en 2008 fueron solicitados para la compra de una segunda vivienda, el 4,5 por cien para "salir de un apuro económico", el 3 por cien por "otros motivos"y el 0,5 por cien para alguna celebración familiar.
El CCU atribuye el elevado sobreendeudamiento a la subida del precio de la vivienda, la relajación de las cautelas de las entidades financieras, las prácticas publicitarias agresivas de animación al crédito y las deficiencias e imprevisión de los consumidores.
Asimismo, el CCU alude a la "fiebre consumista desproporcionada"de los ciudadanos a pesar de que el Banco de España advirtió ya en 2003 de los riesgos del sobreendeudamiento.
Así, la hipoteca media en 1996 era de 47.378 euros, 18 años de amortización y una cuota anual de 3.756 euros, y en 2007 el importe ascendía a 149.000 euros, el periodo de amortización a 28 años y la cuota anual a 9.061 euros.
El estudio afirma que el 32 por ciento de los consumidores españoles descontrola el gasto, de los cuales el 45 por cien tiene problemas importantes y el 3 por cien llega a niveles que afectan su vida personal y social.
Entre los 30 y los 49 años se produce el mayor nivel de endeudamiento y los sectores más perjudicados son los jóvenes y los inmigrantes, señala el CCU, quien detalla que en 2008 un total de 634.800 inmigrantes figuraban en los registros de morosos.
El saldo moroso declarado por particulares españoles aumentó ese año un 50 por cien, y el de los inmigrantes, un 97 por cien.
Además el informe recoge que la pérdida de valor de patrimonio de los hogares en ese año fue, al menos, de un 20 por cien.
Ante esta situación, el CCU insta al Gobierno a poner en marcha una normativa específica de urgencia a la que puedan acogerse las familias que tienen problemas para hacer frente a sus deudas y ampliar las moratorias de pago.
También solicita el establecimiento de procedimientos de mediación y resolución de conflictos, medidas que agilicen el reflejo inmediato de las bajadas de los tipos de interés y promover la actuación de las administraciones para evitar que las familias que no puedan pagar sus hipotecas sean desahuciadas.