Chaves dice que el único modelo de financiación «es el de Solbes»

No se esperaba que la primera reunión institucional entre el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ofreciera datos concluyentes sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Chaves no es el responsable de cuantificar lo que le va a corresponder a cada comunidad, por lo que hasta que el Ministerio de Economía no ofrezca las cifras definitivas y los criterios, no se sabrá la postura que adoptarán las quince comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. A falta de los números, Chaves sí aseguró que la propuesta de reforma del Gobierno es la que hizo el 30 de diciembre el ex ministro Pedro Solbes: «Es la única existente en este momento». Por tanto, salvo desautorización de la vicepresidenta Elena Salgado, seis meses después no ha habido grandes modificaciones. Pero es que el único avance que Griñán comunicó no es tal. El presidente andaluz dijo que Chaves se comprometió a que el nuevo sistema pondere la población escolar en «al menos un 20 por ciento». El 11 de marzo de este año, en un debate general sobre financiación autonómica en el Parlamento de Andalucía y como consejero de Economía, Griñán ya dijo que Andalucía había fijado que, «como mínimo», la ponderación de la edad escolar, es decir, la población menor hasta los 16 o los 18 años, debía ser «del 20 por ciento». Luego lo que ayer aceptó Chaves es lo mismo que defendía Andalucía cuando él era el presidente de la Junta. Además, el documento de Solbes ya incluía la necesidad de ponderar la población escolar; que en sanidad se ponderarán tres grupos, uno comprendido entre los 5 y los 64 años, otro de 0 a 4 años y uno último de 65 en adelante; o que la población «será la variable principal» del modelo, más allá de los «criterios fiscales» que exige Cataluña y que Chaves descartó. Como explicó Griñán, a Andalucía le interesa que le ponderen estos factores porque ha perdido población en los últimos años. En concreto, en 1999, la población andaluza constituía el 19,52 por ciento del conjunto nacional; en 2006, cayó al 19,07. Los datos que maneja el Gobierno andaluz son concluyentes: si se actualizara el modelo vigente solamente con el criterio de la población, Andalucía pasaría de tener el 18,85 por ciento de los ingresos que le correspondían en 1999 al 18,46. Sin embargo, ponderando la población en edad escolar el porcentaje sería del 18,75. Cada décima supone unos cien millones de euros de ingresos.El otro reto es «cerrar el abanico de la financiación per cápita». Que no existan diferencias de hasta 800 euros entre ciudadanos, como es el caso de los 2.655 euros de Extremadura y los menos de 1.800 euros de Baleares por ejemplo. Y aquí Chaves sí ofreció una pista, ya que aseguró que la posición de Andalucía «es la mejor garantía de que el sistema será justo». El 15 de julio sigue siendo la fecha, según comentó Chaves, para que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, mantendrá contactos con todas las comunidades, aunque con Andalucía no tiene cerrada ninguna fecha por el momento. Para estos contactos, el Gobierno se reserva una baza: las entregas a cuenta de los tributos de 2007 y 2008, y probablemente de 2009, han sido superiores a la liquidación de los mismos. Es decir, las regiones deben dinero al Gobierno. Griñán pidió ayer que se permita devolverlo en varias anualidades. Si Europa lo permite y no lo computa como déficit, el Gobierno dirá sí. Tras la reunión, tanto el PP-A como IULV-CA pidieron la comparecencia de Griñán en el Parlamento para explicar el desarrollo de la reunión.Los chiringuitos, en octubreGriñán y Chaves también acordaron que entre septiembre y octubre se abordará las transferencias de competencias en materia de chiringuitos, los servicios ferroviarios de cercanías y las competencias en materia de inspección de trabajo. La Junta estudia denunciar el artículo 8 del FROBGriñán anunció ayer que ha encargado un informe jurídico para analizar si el artículo 8 del Real Decreto Ley del Fondo de Reestructuración Territorial y Ordenación Bancaria publicado el pasado sábado 29 de junio en el Boletín Oficial del Estado «vulnera competencias estatutarias». El Gobierno andaluz quiere conocer si el decreto faculta al Banco de España a suspender la autorización para una fusión en el caso de aquellas entidades financieras que no hayan sido intervenidas u objeto de recursos públicos. En el caso de que el dictamen jurídico no aclarara esta cuestión, la Junta plantearía su posible reforma en la comisión bilateral con el Gobierno. En cualquier caso, Griñán se mostró partidario de «oxigenar» el sistema financiero y se congratuló de que el Gobierno central abandonara su intención inicial de retirarle a las autonomías su derecho a vetar fusiones interregionales de cajas de ahorros, algo que hubiera sido «un escándalo».