El atasco judicial se ha disparado un 34% con el PSOE en el poder

Madrid- La situación de la Justicia ha ido acumulando a lo largo de los últimos años una serie de déficits que la han situado en una situación más que complicada, con una estructura que se antoja anticuada y unos órganos judiciales que no han podido dar respuesta al incremento de la litigiosidad registrada. Esta situación ha colmado la paciencia de los jueces, que el pasado mes de febrero realizaron la primera huelga de togas de la historia y mantienen la amenaza de otro paro para el próximo mes de junio si no se atienden sus reivindicaciones.Las promesas electorales del PSOE para las elecciones de 2004 de poner en marcha una serie de iniciativas para paliar la grave situación de la Justicia no parece que, a la vista de los datos del Consejo General del Poder Judicial, hayan logrado sus objetivos. Las grandes reformas legales que todos los sectores jurídicos consideran imprescindibles siguen pendientes, desde la reforma de la Oficina Judicial a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.Incremento de plantillaEl primer año de mandato del PSOE, con Juan Fernando López Aguilar, los juzgados y tribunales españoles cerraron 2004 con un total de 2.092.252 asuntos «en trámite», es decir, sobre los que había que tomar alguna decisión. Esa cifra hacía que cada juez o tribunal tuviese una media de 659,60 asuntos en esa situación.En esa primera legislatura se produjo un importante incremento en la planta judicial y fiscal, mayor que en legislaturas anteriores. Sin embargo, esa medida no fue suficiente para cambiar un panorama que ya entonces se antojaba imparable.De esta forma, en los años siguientes se constata un incremento sustancial tanto en la litigiosidad, es decir, en el número de asuntos ingresados, como en los que quedaban pendientes a finales de los respectivos periodos, aunque en mayor proporción en el primero de esos índices. Así, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2005, los juzgados acumulaban 86.667 asuntos más que doce meses antes, mientras que los registrados superaban los 271.000 respecto al año anterior.En 2006, la situación continuaba con la misma tendencia y, ese año, se «rompe» la barrera de los ocho millones ingresados en los órganos judiciales. Ese incremento de la litigiosidad ha sido especialmente relevante en los dos últimos años, un factor en el que ha influido, según distintas fuentes, la crisis económica, toda vez que ha provocado un notable incremento en los procedimientos laborales. En 2007 ese aumento fue de 300.000 asuntos, pero en el último año el incremento ha sido mucho mayor, llegando a casi 750.000 respecto al ejercicio anterior.Un ocho por ciento anualY ello, lógicamente, repercutía en el aumento de los procedimientos sobre los que había que resolver. Los datos sobre este aspecto no dejan lugar a duda: en cuatro años, los asuntos «en trámite» aumentaron en algo más de 700.000, lo que representa un porcentaje en torno al 34% (un ocho por ciento anual), hasta alcanzar los 2.799.017 casos con que se cerró 2008.Pero si a alguien no se le puede responsabilizar de la situación en que se encuentra la Justicia es, precisamente, a los jueces, secretarios judiciales y demás funcionarios que trabajan en los órganos judiciales. En este aspecto, basta comprobar el índice de resolución para percibir el esfuerzo realizado para paliar una situación que iba a más cada año. En ese mismo periodo, teniendo en cuenta lo expuesto respecto al notable incremento de la planta judicial, los asuntos resueltos se incrementaron en 1,2 millones.Probables causasSobre las causas que han provocado esa preocupante «radiografía» de la Justicia española, algunas fuentes consultadas por este periódico aluden, además de a la crisis económica padecida desde hace unos años, al aumento de la delincuencia, a la existencia de una «Administración de Justicia muy complicada, con superposición de competencias» y también al hecho de que el Gobierno socialista redujese a la mitad el «plus» para quienes realizaban trabajos «extraordinarios», como planes de refuerzos. Al final, sostienen al respecto, es imprescindible una «gran reforma» de la Administración de Justicia en su conjunto.Pero no todo son demandas. Los magistrados también intentan aportar soluciones. Un «plan rector para modernizar la Justicia», limitar el número de asuntos que pueden ingresar en los juzgados y establecer que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sea vinculante para todos los tribunales, para, de esa forma «generar seguridad jurídica» que repercutiría también en la reducción de recursos. Éstas son las principales medidas que para Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deben adaptarse a corto y medio plazo para invertir la tendencia de estos últimos años.En este sentido, sostiene que los problemas de la Justicia no derivan «únicamente» de la falta de jueces, sino también de que los juzgados reciben con demasiada frecuencia asuntos que pueden «resolverse fuera de los tribunales». Por ello, López aboga por potenciar la mediación penal en los asuntos tildados de «bagatelas» y por impulsar la mediación, el arbitraje y la conciliación en los de la jurisdicción civil.