El juez reduce a una presunta irregularidad la imputación de Camps

El juez instructor del «caso Gürtel» en Valencia, José Flors, dictó ayer un auto por el que continúa la tramitación del procedimiento, pero a través de la Ley del Jurado, y descartó que se cometiese tráfico de influencias. El magistrado, que instruye la causa por un presunto delito de cohecho que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y a los también populares Rafael Betoret y Víctor Campos, no hace una inculpación directa de éstos, ya que el proceso sigue en fase de instrucción hasta que tome una decisión. El instructor fundamenta su decisión en que «existen suficientes indicios racionales para estimar que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho», aunque, según consta en el auto al que tuvo acceso LA RAZÓN, se rebaja el delito, ya que sólo aplica el primer inciso del artículo 426 del Código Penal, que incluye la recepción de regalos pero no a cambio de favores.No hubo contraprestaciónEl juez afirma que «la competencia específica que corresponde a la función pública desempeñada por las personas beneficiadas, no permite concluir que la finalidad perseguida por quienes les obsequiaban de aquel modo fuera la de lograr la realización, por parte de aquéllas, de un concreto acto que fuera propio de sus funciones, pues éstas no guardaban relación con las que competían aquellas otras autoridades y funcionarios que sí tenían la facultad de adjudicar los contratos de la Generalitat con Orange Market».Además, rebaja el montante económico que, supuestamente, valían las prendas de ropa que el jefe del Ejecutivo valenciano recibió. Según el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al principio de la instrucción del «caso Gürtel», el máximo responsable de la política valenciana recibió regalos valorados en 12.000 euros. Ahora, el juez reduce esa cantidad hasta unos 4.000. Esa decisión también «vapulea» la acusación de la Fiscalía y del abogado de los socialistas valencianos (PSPV), pues ambos han trabajado desde un principio con las cantidades económicas esgrimidas en el auto de Garzón.Ante esta decisión, los letrados de los imputados afirmaron que recurrirán la decisión del magistrado valenciano argumentando que «no es cierto que los hechos sean constitutivos de delito» puesto que en su opinión existe «ausencia de prueba» contra sus defendidos.Si la Sala de lo Civil y Penal del TSJ admitiera el recurso presentado por las defensas, el caso quedaría archivado. No es la primera vez que un juez instructor ve «indicios de delito» y, sin embargo, una instancia superior acaba revocando su decisión. El alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, recurrió la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 4 de Elche, y la Audiencia de Alicante admitió a trámite su recurso y archivó la causa contra él por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.En caso de que la Sala rechace el recurso de archivo se celebrará la audiencia fijada por el instructor para esa fecha. Tanto la Fiscalía como la acusación popular deberán «concretar las acusaciones» contra los cuatro imputados. Las defensas volverán a pedir el sobreseimiento de la causa. Al cambiar la tramitación del procedimiento, las partes pueden solicitar nuevas pruebas, pero sólo «las indispensables y necesarias».Una vez finalizado, el juez, basándose en el artículo 30 de la citada ley, realizará una audiencia previa a partir de la cual tendrá tres días para decretar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.