El PP apunta a la cúpula de Interior

El Partido Popular presentó ayer ante los Juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por las continuas filtraciones en algunos medios de comunicación del «caso Gürtel». En ella, apuntan al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Camacho, así como al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y a su subordinado, el comisario que dirige la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera, de quienes solicita al juez que sean llamados a declarar por su presunta responsabilidad en las filtraciones.El texto presentado por los populares va acompañado de recortes de informaciones publicadas entre los meses de marzo y julio relacionadas con dichas filtraciones que, según el PP, «atestiguan la procedencia policial de las escuchas e informes». El responsable de Justicia de los populares, Federico Trillo, especificó que se trata de una denuncia y no de una querella porque pone en «conocimiento del juez los hechos que consideran como un delito continuado de revelación de secretos e intercepción ilegal de las comunicaciones con revelación». Según denuncia el Partido Popular, se ha producido una «vulneración de los ámbitos protegidos legalmente por el secreto: bien sea por el de las comunicaciones telefónicas o bien por el de las actuaciones sumariales». Además, el PP asegura que en estas conductas hay una «intención evidente y constante de dañar la imagen y perjudicar procesalmente a personalidades y dirigentes» del partido. Entre los recortes de informaciones que aporta la denuncia figuran nombres como Álvaro Pérez, «el Bigotes»; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. «¿Puede calcularse el daño causado a las personas afectadas por las filtraciones aquí denunciadas?», se preguntan.El PP alega que los funcionarios de la Brigada de Policía Judicial tenían «plena conciencia de a quién realizaban las escuchas», y censura que se permita «notificar telefonicamente» al propio Camps en su teléfono móvil privado la notificación del auto del juez Garzón del pasado 5 de marzo. Además, el PP ve «imprescindible» el testimonio directo del jefe de la Policía judicial, al ser responsable de las escuchas.

Con imputación, no hay militanciaEl cuartel general de los populares volvió ayer a reiterar su «tranquilidad» tras las declaraciones del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado nacional Jesús Merino, ante el alto tribunal, por su implicación en el «caso Gürtel». Federico Trillo confirmó que, como abogado del partido, habló con ambos aforados «antes y después», pero eludió dar detalles de los argumentos que ambos aportaron. No confirmó si el tesorero mencionó que «Luis el Cabrón» se correspondía con un empresario. Pero dejó claro que la regla general en el PP es que, ante una imputación formal, se suspende la militancia.La policía niega su implicaciónEl Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró hoy que, según sus datos, "las filtraciones del ‘caso Gürtel' no proceden de ningún policía", y pidió al PP que realice una investigación previa abarcando, además de a la Policía, a la judicatura, a la fiscalía y a sus propias filas, "antes de disparar a ciegas y exclusivamente contra los policías". En un comunicado en respuesta a la denuncia presentada por el Partido Popular contra miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el SUP indicó que el PP "tiene derecho a defenderse, pero señalando directa y exclusivamente a la Policía o a algunos policías se equivoca".