Fomento retiró la estatua de Franco sin licencia ni potestad para hacerlo

La madrugada del 17 de marzo de 2005, el Gobierno central retiró la estatua ecuestre de Franco situada en la plaza de San Juan de la Cruz. Además de la polémica que suscitó, la actuación gubernamental motivó acciones legales en su contra.Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón en parte a la Fundación Francisco Franco, la denunciante. Fomento, encargado de la retirada, actuó sin tener las competencias para hacerlo y sin la licencia necesaria para remover una escultura calificada como «elemento urbano singular» con protección histórico artística. Por estos motivos, el Tribunal declara la «nulidad de pleno derecho» de la retirada.El Gobierno se amparaba para ello en que la figura era propiedad de la Administración General del Estado y en una proposición no de Ley aprobada por el Congreso como precedente de la Ley de Memoria Histórica. La sentencia, a la que tuvo acceso LA RAZÓN, prueba que esa estatua pertenece a la Junta de la Ciudad Universitaria, por lo que el Gobierno no es su propietaria y no podía apelar a este aspecto para llevársela a un almacén. Tampoco la proposición del Congreso ampara la actuación de Fomento. Además, certifica que es un «elemento urbano singular» según el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, por lo que hacía falta una licencia para «actuaciones urbanísticas que requieran proyecto técnico». Fomento se limitó a solicitar una licencia municipal en la que ni se menciona el monumento.Pero al mismo tiempo, el tribunal rechaza su reposición a la ubicación original, pese a que reconoce que así se debería proceder. La declaración de nulidad de una actuación de este tipo, admite , «lleva aparejada indefectiblemente la reposición inmediata de lo realizado sin esa cobertura material ni formal», pero dado que la Ley de Memoria Histórica ya está en vigor, «la reubicación de la estatua, para proceder a su posterior e inmediata retirada, carece de finalidad práctica y no deja de ser un mero simulacro efectista vacío de contenido». La Fundación recurrirá al Supremo este último punto.