La Fiscalía a la «caza» de tres nazis

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Ismael Moreno que acuerde la prisión provisional y dicte las correspondientes órdenes de detención internacional contra tres ex guardias nazis del «Batallón de la Calavera» de las SS por su presunta participación en las torturas y crímenes cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg entre 1942 y 1945. En concreto, solicita que se acuerden esas medidas respecto a Johan Leprich y Josias Kumpf, ambos de 84 años, y Anton Tittjung, de 85, quienes residen actualmente en Estados Unidos, pese a que ese país les retiró la nacionalidad.La petición de la Fiscalía se enmarca en la querella por varios supervivientes de esos campos de concentración. En la causa declararon dos ciudadanos españoles, residentes en Francia, víctimas del campo de Mauthausen, quienes relataron la «forma de actuar» de los guardias.En el escrito del Ministerio Público se justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos denunciados en que se trata de un delito de genocidio y que muchas de las víctimas eran españolas. Así, sólo en el campo de Mauthausen estuvieron presos más de 7.000 españoles, de los cuales murieron más de 4.300.Cómplices de genocidioRespecto a los tres imputados, la Fiscalía destaca que la instrucción practicada ha acreditado, «al menos indiciariamente», la participación de los tres ex guardias de las SS en los hechos acaecidos en los tres campos de concentración. Es decir, afirma al respecto, existen «indicios racionales de participación, al menos a título de cómplices, en un delito de genocidio».Tras considerar acreditada la condición de los tres imputados como miembros del «Batallón de la Calavera» de las SS, entre otras pruebas porque algunos de ellos lo admitieron expresamente en Estados Unidos, el fiscal Pedro Martínez alude a las declaraciones ante el juez Moreno prestadas por las víctimas españolas Jesús Tello y Emeterio Ramiro.En esa comparecencia, relataron cómo los guardias de los campos tenían la obligación de disparar no sólo contra los prisioneros que intentaran huir, sino que también «tenían la facultad de ejecutar» al interno que se les acercara a menos de seis metros. Por cada prisionero «ejecutado» se les recompensaba con un día de permiso.