La Generalitat cede y escolarizará en castellano a los alumnos que lo soliciten

barcelona- La Generalitat de Cataluña anunció ayer que acatará la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a poner la casilla que permite la opción de escolarizar en castellano en los colegios catalanes. En los últimos nueve años, esta opción no existía, pese a que la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 indicaba que «los niños tienen el derecho a recibir enseñanza con su lengua habitual». El consejero de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Joan Saura, señaló que «cumpliremos la sentencia para el próximo curso», aunque añadió que la resolución del TS «no pone en cuestión nuestra política de inmersión lingüística, cumplimos buena parte de lo que dice la sentencia». Inmersión lingüística La citada política de inmersión lingüística tiene su origen en los gobiernos de CiU y tuvo continuidad con la llegada del tripartito de PSC, ERC e ICV. Consiste, básicamente, en mantener el catalán como lengua vehicular en la educación, lo que a la práctica se traduce en que no hay ningún colegio en Cataluña en el que se pueda recibir enseñanza en castellano, exceptuando las asignaturas de la misma lengua. Tanto el último Gobierno de CiU como en las dos legislaturas del tripartito se ha hecho caso omiso del citado artículo de la Ley de Política Lingüística. Durante los últimos cursos, en las hojas de preinscripción escolar sólo se preguntaba a los padres si sus hijos «entienden catalán y/o castellano», pero en ningún caso existía la posibilidad de escolarizar a los niños en castellano. En repetidas ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó sentencias que obligaban a la Consejería de Educación a priorizar para los padres la lengua materna de sus hijos, pero el departamento nunca ha hecho caso. Ahora parece que la situación puede cambiar, según las palabras del consejero Saura. Por su parte, el PP catalán exigió anteayer a la Generalitat que «cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual», y denunció «la hipocresía del tripartito por pedir el cumplimiento del Estatut y, a la vez, incumplir reiteradamente una ley aprobada por el Parlamento catalán». En el año 2000, la entidad Convivencia Cívica Catalana, contraria a la política lingüística de la Generalitat, presentó un recurso al TSJC que denunciaba la «discriminación que sufre la población castellano-hablante de Cataluña». Cuatro años después, el TSJC aseguró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros públicos por su lengua habitual». Parece que ahora la Generalitat acata la orden.