La mayoría de españoles prefiere que el Estado no financie a los sindicatos

MADRID- Atrás queda ya el histórico e irrepetible 14-D. En esa jornada de 1988, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo pararon España y colocaron en el filo de la navaja al Gobierno de Felipe González. Centenares de miles de trabajadores se apoderaron de las calles para protestar en contra del Ejecutivo socialista, convocados por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Veinte años después, las organizaciones sindicales han sido incapaces de emular, de momento, esa histórica huelga general, que colgó en toda España el cartel de cerrado. Como botón de muestra, el recurso de los últimos años a la convocatoria de huelgas generales parciales, instrumento que entraña mayores dificultades para evaluar el seguimiento de los trabajadores de esta modalidad de paro. Con el transcurrir de la democracia y la consolidación de los derechos de los trabajadores, el papel de las organizaciones sindicales ha ido perdiendo relevancia e influencia. Poder que, para los españoles, ni siquiera han recuperado en una crisis económica internacional sin precedentes como la actual y de consecuencias impredecibles. Al menos, ésta es una de las conclusiones que se extrae de una encuesta realizada por NC Report para LA RAZÓN por teléfono del día 3 al 6 de noviembre entre 1.000 personas. Cinco de cada diez entrevistados considera que la influencia en la sociedad de los sindicatos ha ido retrocediendo. Concretamente, el 54,4 por ciento de los españoles cree que tienen ahora menos poder y capacidad de influir en nuestro país. Tan sólo el 34,7 por ciento de los encuestados por NC Report está convencido de que las organizaciones sindicales y sus máximos dirigentes han aumentado su presencia y, por tanto, su influencia en España a lo largo de los últimos años. Treinta años después de la redacción de la Constitución, un elevado 10,9 por ciento no sabe ni contesta sobre la función sindical, algo tan coditiano y relevante en los albores de la democracia española. Esta evidente merma de poder, según los encuestados, pone en la palestra la financiación de las centrales sindicales, cuestión compleja y un tanto opaca. Al perder poder los sindicatos, la mayoría de los españoles piensa que ya no se deben financiar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, ni recibir aportación alguna del erario público de otras Administraciones (autonómica y local). El 51,2 por ciento de los entrevistados considera que las centrales deberían financiarse exclusivamente con recursos propios y las cuotas de sus afiliados. Mientras, el 39,1 por ciento de los sondeados asegura que deben seguir percibiendo todos los años una asignación económica de las cuentas del Estado, es decir, de los impuestos que pagan religiosamente los contribuyentes. El sondeo confirma que los sindicatos están cada día más alejados de los ciudadanos. Como botón de muestra, la mayoría apuesta por que las retribuciones de los liberados sindicales de sus empresas corran a cargo de las propias organizaciones sindicales y no de las compañías. El 18,7 por ciento de los encuestados está de acuerdo con mantener el actual statu quo de los liberados sindicales y, por ende, sus privilegios. El 47,2 por ciento advierte de que el liberado debe cobrar de su organización o, de lo contrario, esta figura debe directamente desaparecer. Mientras, un elevado 22,5 por ciento reclama también una revisión de la situación. En concreto, este colectivo vería con buenos ojos una reducción de las horas sindicales remuneradas sin trabajo y elevar las productivas. Un dato más que viene a avalar el retroceso de estas organizaciones es el número de españoles afiliados a ellas, según el sondeo de NC Report. Tan sólo el 14,8 por ciento de los trabajadores afirma estar afiliado. El grado de afiliación sindical entre la población activa sube a medida que avanza la edad de los trabajadores. Entre los menores de 30 años alcanza el 12,06 por ciento. Porcentaje que aumenta hasta el 15,04 por ciento entre los empleados mayores de 30 años y menores de 44. A partir de los 45 años, el 16,5 por ciento de los trabajadores pertenece a un sindicato. Ahora bien, la inmensa mayoría de los trabajadores que compone la población activa, el 61,7 por ciento de los encuestados, nunca ha estado afiliado a una organización sindical.