La Policía venezolana carga contra los estudiantes

Los estudiantes trataron de comenzar la marcha por diferentes calles y en dirección oeste desde la plaza Brión, en el este de la capital, pero todos los intentos fueron neutralizados por los agentes.
En los alrededores del lugar de concentración fueron detenidas seis personas que, según algunos medios de comunicación, serían simpatizantes del Gobierno, iban armadas y habrían participado en otro incidente ocurrido por la mañana entre grupos oficialistas y opositores.
También fue detenido un camión que transportaba cocteles molotov y que, según su dueño, fue alquilado por los estudiantes que protestaban.
Carlos Mesa, jefe de la Policía Metropolitana (PM), dijo que durante las escaramuzas se vieron obligados a lanzar gases lacrimógenos a un pequeño grupo de presuntos estudiantes que utilizó varios cocteles molotov y piedras.
Ningún organismo o medio de comunicación informó de la existencia de heridos o lesionados en los incidentes, en los que, según testigos, participó algo más de un centenar de personas.
Por la mañana, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, responsabilizó a los «sectores estudiantiles» de oposición de un eventual «escenario de violencia».
También por la mañana, presuntos oficialistas, que podrían ser los detenidos esta tarde, según los medios, atacaron con «disparos y bombas lacrimógenas» a opositores reunidos cerca del Ateneo de Caracas, sostuvieron algunos participantes.
La fuerte presencia policial en los lugares de concentración de los estudiantes opositores sigue a la orden emitida el pasado sábado por el presidente Hugo Chávez para que los responsables del orden público utilicen «gas del bueno y detengan» a quienes realicen manifestaciones sin permiso, provoquen disturbios callejeros o corten la circulación en vías principales de la capital.
El derecho a manifestar está consagrado por la Constitución, pero debe adecuarse al cumplimiento de los requisitos de tiempo y espacio señalados por la ley.
El grupo de estudiantes opositores quería llevar al Supremo un recurso contra el proyecto de enmienda constitucional que permitiría a los cargos de elección pública, entre ellos el presidente, presentar su candidatura a la reelección las veces que quieran.
Argumentan, principalmente, que la enmienda lleva a una monopolización del poder y va contra el principio de alternancia que consagra la Constitución.
El Gobierno sostiene que la propuesta amplía las atribuciones políticas de los ciudadanos al no poner límite a la posible reelección de un buen gobernante que, en última instancia, debe pasar por unas elecciones para poder repetir en el cargo.
Ese proyecto será sometido a referendo el próximo 15 de febrero para que unos 17 millones de venezolanos lo aprueben o lo rechacen.