Las claves del nuevo modelo de financiación

El nuevo modelo de financiación autonómica que se debate hoy culmina un proceso de negociación de más de un año, que aún deberá ser refrendado por el Parlamento antes de que las comunidades lo ratifiquen en sus comisiones mixtas con el Gobierno. Las claves del nuevo modelo son las siguientes: 1.- ¿Qué es el sistema? Es la forma que tiene el Gobierno central de financiar los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, como la educación, la sanidad y otras competencias transferidas hace años. 2.- ¿Por qué se reforma? El Gobierno creyó oportuno reformar el modelo dado el incremento de población registrado por algunas comunidades y la necesidad de dotar con más recursos algunos servicios. Además, era necesario dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad. Algunas comunidades gobernadas por el PP apostaron, sin embargo, por mantener el sistema actual, aprobado en julio de 2001, pero revisándolo para dar respuesta a la evolución demográfica, que afectaba esencialmente a Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. 3.- ¿A qué comunidades afecta? A las quince de régimen común -todas salvo las dos forales: País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema propio- y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 4.- ¿Cuánto dinero supone? El Gobierno ha ofrecido 11.000 millones de euros adicionales al sistema, que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. La última liquidación conocida del modelo de financiación autonómica corresponde a 2007 y ascendió a 114.357 millones de euros en 2007, con un incremento del 3,9 por ciento respecto al año anterior. Los recursos recaudados y transferidos por la Administración General del Estado ascendieron en 2007 a 92.317 millones de euros y los tributos recaudados por las comunidades supusieron 22.040 millones de euros. 5.- ¿En qué fondos se distribuye y a qué se destinan? El Gobierno ha propuesto cuatro fondos. Uno de ellos garantizará la prestación de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación y servicios sociales- residan donde residan. Supone el 80 por ciento del sistema y se financiará con el 75 por ciento de los tributos cedidos a las comunidades y un 5 por ciento procedente del Estado. De cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25 por ciento restante. Otro fondo es el de Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado y que pretende asegurar el mantenimiento del "statu quo"de las comunidades financiando las otras competencias que tienen transferidas. Para reducir las diferencias de financiación per cápita, la propuesta prevé un Fondo de Competitividad que se calculará anualmente. Estos dos suponen el 16,5 por ciento de los recursos. El cuarto fondo es el de Cooperación, que se distribuirá entre las comunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población. Representa el 3,5 por ciento del total. 6.- ¿Qué variables se tienen en cuenta a la hora del reparto de los fondos? Fundamentalmente el número de habitantes, que pondera el 30 por ciento. Por su parte, la población protegida (gasto sanitario), dividida en siete grupos de edad, pondera el 38 por ciento, y la escolar, el 20,5. Por su parte, el envejecimiento pondera un 8,5 por ciento; la superficie, un 1,8 por ciento; la dispersión, un 0,6, y la insularidad, otro 0,6. Para dar respuesta a las peticiones de las comunidades, en esta ocasión se tendrá en cuenta la densidad, la superficie y el bilingüismo. 7.- ¿Cómo se ha incrementado el porcentaje de la cesión de impuestos? El nuevo modelo prevé ceder el 50 por ciento del IRPF y del IVA, frente al 33 y 35 del actual, y el 58 por ciento frente al 40 de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco, alcoholes y cerveza y el cien por cien de los impuestos de electricidad y matriculaciones. Les da también a las comunidades una mayor capacidad normativa. Mientras en el actual el 70 por ciento de todos los recursos de las comunidades proviene de los cedidos parcial o totalmente por el Estado, con el nuevo ese porcentaje pasaría a ser el 90 por ciento. 8.- ¿El modelo equilibra la financiación per cápita? El Gobierno entiende que sí, al reducir las diferencias actualmente existentes hasta en un 25 por ciento en el primer año de aplicación. Así, mientras que ahora las diferencias de financiación per cápita entre la que más tiene y la que menos es de 40 puntos, ahora se pretende rebajar hasta los 30 puntos. 9.- ¿Tiene el modelo fecha de caducidad? ¿Cuándo se revisará? El sistema tendrá mecanismos anuales de revisión, pero cada cinco años un Comité informará sobre posibles modificaciones, que someterá a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 10.- ¿Qué opinan las comunidades? Hay división entre ellas. Mientras que Cataluña apoya el documento al haber recogido las previsiones de sus Estatuto, las gobernadas por el PP piensan que no se han tenido en cuenta los incrementos reales de la población y creen que la distribución de los 11.000 millones beneficia solo a Cataluña. Todavía confían en poder introducir algunas de sus propuestas. Las socialistas, por su parte, están satisfechas, aunque con algunos matices, con el modelo. 11.- ¿Qué pasa si un comunidad no acepta el sistema? El sistema es para todas, aunque cada una deberá ratificarlo en una comisión "ad hoc"si quiere aplicarlo en su territorio. Las que no lo acepten en los seis meses siguientes a su aprobación se regirán por el modelo vigente con las adaptaciones necesarias. Si deciden adscribirse posteriormente, no recibirán compensaciones por los recursos y fondos adicionales no percibidos en el período comprendido entre 2009 y 2013. El acuerdo deja sin efecto las medidas derivadas de la II Conferencia de Presidentes sobre dotaciones complementarias para la financiación de la asistencia sanitaria y de compensación de insularidad, así como el Fondo presupuestario que instrumenta la actual garantía de asistencia sanitaria.