Múgica denuncia ilegalidades en la repatriación de menores

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, denuncia en su informe numerosas irregularidades en los procedimientos de documentación y repatriación de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en España, y señala que en muchos casos, las Administraciones «ni siquiera» inician los trámites legalmente previstos para la correcta devolución de los niños al país de origen.

El texto señala en primer lugar que, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, «aún no se ha generalizado» el derecho de los menores inmigrantes a contar con una representación legal independiente de la Administración autonómica que ostenta la tutela en los procesos de repatriación.

Asimismo, señala «deficiencias» e «irregularidades» en Madrid, desde donde se repatrió a un menor en 2007 sin que el Ministerio Fiscal tuviera conocimiento, y en Barcelona, cuya Subdelegación del Gobierno ya había sido apercibida un año antes para que corrigiese las «deficiencias detectadas» en la tramitación de los procedimientos de repatriación de menores.

Sobre este asunto, el Defensor expone un caso en el que «no quedó acreditado que se hubieran realizado las gestiones previstas en el Reglamento de Extranjería» para verificar la existencia de riesgo o peligro para la integridad del niño antes de acordar su repatriación. Es más, en uno de los casos concretos, «lo que quedó acreditado es que no se realizó trámite alguno para verificarlo».

«Llamó la atención, como ya ha tenido ocasión de comprobar esta institución en otros expedientes de repatriación de menores, que el único contacto que se realiza con las autoridades del país de origen es la solicitud de un salvoconducto para el viaje, al igual que ocurre en las expulsiones», expone el informe del Defensor.

El Reglamento de Extranjería en vigor concede a las Administraciones un plazo de nueve meses para repatriar al menor o documentarle a fin de evitar que pueda verse "sin papeles"«indefinidamente». Sin embargo, esto no impide que la Administración pueda conseguir los documentos en menos tiempo, porque se puede tardar menos de nueve meses en constatar que un menor no puede ser repatriado.

Pasividad administrativa

En este sentido, el informe sentencia que «son numerosos los casos en que los trámites de averiguación del paradero de la familia del menor, el análisis de su situación y de las posibilidades de reagrupación del menor ni siquiera se inician, limitándose las distintas Administraciones implicadas a esperar que el plazo de los nueve meses transcurra sin realizar gestión alguna».

En cuanto a la documentación de la residencia legal de los menores tutelados por las comunidades autónomas, el informe señala «disfunciones y falta de eficacia para el cumplimiento del mandato legal de documentar con una autorización de residencia al menor extranjero tutelado».

LA RAZÓN adelantó la petición sobre los protocolos de deportación de extranjerosTal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 18 de mayo, el Defensor del Pueblo había presentado una recomendación para que el protocolo de normas de actuación en las repatriaciones y en el traslado policial de ciudadanos extranjeros incluyera la prohibición de tapar las vías respiratorias, de privar de la visión o del sentido del oído. Esta reclamación vino precedida de la denuncia de varias ONG, tras la muerte de un ciudadano de origen nigeriano, que murió asfixiado durante su repatriación el 9 de abril de 2007. La recomendación, firmada por la defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, indicaba que «resultaría conveniente que el uso de medidas coercitivas no dificultara o pusiera en peligro la capacidad del repatriado para respirar normalmente».

Datos del informe

23.899 QUEJAS recibió el Defensor del Pueblo durante el 2008

92.388 PERSONAS se han visto afectadas por la actuación deficiente de la Administración

45% DE LAS RECLAMACIONES proceden de Madrid, C. Valenciana y Andalucía

75% DE LAS PETICIONES presentadas en 2007 fueron aceptadas