Prohibido proponer

Asuntos como el terrorismo, la inmigración o la crisis económica no deben ser tratados en época electoral, porque generan crispación, inseguridad, falta de respeto para quienes vienen de fuera, temor en posibles inversionistas, acicate para los terroristas…, según el PSOE. El dirigente del PP que hable públicamente de estos asuntos, de aquí al 9 de marzo, será tildado de amoral, oportunista, antipatriota y otros adjetivos mucho más gruesos, difíciles de repetir. Resulta curioso que el partido que ha gobernado durante los últimos cuatro años crea inconveniente sacar a la palestra los tres problemas que más preocupan a los españoles, según dictamen del nada sospechoso Centro de Investigaciones Sociológicas.

Tras casi 48 meses en La Moncloa, Zapatero presenta estos tres apartados en una situación mucho peor que la que tenían cuando los recibió en 2004. ETA está situada en instancias internacionales con el rango de interlocutor político, que le concedió el Gobierno; el poder adquisitivo de los españoles ha disminuido un 20% en estos cuatro años, y más de un millón de extranjeros «ilegales» residen entre nosotros, después de haber practicado el famoso «papeles para todos». Por eso vivimos una situación atípica en un final de Legislatura en el que lo habitual es que el Gobierno rinda cuenta y exhiba los éxitos logrados, acompañados de los compromisos futuros. Como todo esto es imposible, el PSOE actúa como un partido de oposición, sin pasado gubernamental, que trata de aniquilar las propuestas de su contrincante, en lugar de ponerle delante de las narices los frutos obtenidos por el Ejecutivo. La estrategia socialista es siempre la misma: invalidar y anular, en lugar de rebatir la propuesta o presentar otra. De hecho, en este final de precampaña, a dos semanas de la campaña oficial, el PP está sorprendiendo a los socialistas con una proposición nueva cada día, que les pilla con el paso cambiado. El Gabinete del Presidente recibe estas promesas como una agresión y se pone a la defensiva sin saber cómo reaccionar, más allá de los insultos, a la bajada de impuestos y la desaparición del IRPF en algunos tramos; al contrato para los inmigrantes o a la vuelta a la Ley de Partidos y al Pacto Antiterrorista y el «No» a la negociación con ETA…

Pero nada como la chapuza final para ilegalizar a ANV y PCTV, en fechas lo más cercanas posible al día de las votaciones, con el fin de que los españoles olviden estos años de cesiones a los terroristas, de vergüenzas como los sucedido con De Juana o con Batasuna; por no hablar de los conchabeos habidos para que ANV pudiera presentarse a las elecciones municipales. Pero en esta vida, por mucho que habitualmente la suerte sea la compañera de viaje, en alguna ocasión desaparece. Así, el Supremo ha tirado de las orejas al Ejecutivo y de paso al magistrado Garzón, al poner en evidencia que el vínculo entre ETA y ANV se intuía desde antes de los comicios autonómicos de 2007, lo que significa que podía haber quedado fuera de aquellas elecciones. No suspende sus actividades, sin haber decidido previamente sobre su ilegalidad, pero le impide presentarse para evitar que en futuras legislaturas sigan cobrando de las instituciones públicas. Como hacen ahora.