Zaragoza

Socialistas de San Sebastián de los Reyes blanqueaban dinero en empresas afines

El juez investiga los contratos con la entidad Brocover del empresario José Carlos Fernández Delgado, en prisión.

Socialistas de San Sebastián de los Reyes blanqueaban dinero en empresas afines
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La «trama madrileña» conectada al caso de corrupción urbanística, destapado el 18 de marzo, en el municipio de La Muela (Zaragoza) tenía más ramificaciones en San Sebastián de los Reyes. A raíz de la apertura del sumario de la «Operación Molinos» de La Muela, se descubrió que el ex alcalde de la localidad madrileña del PSOE, José Luis Fernández Merino, y el candidato a liderar a los socialistas de San Sebastián de los Reyes, Alfredo Merillas, habrían blanqueado dinero negro obtenido por el empresario de San Sebastián de los Reyes, José Carlos Fernández Delgado, en La Muela. Según las investigaciones policiales, la primer edil de La Muela dio un «chivatazo» al empresario –que también está en prisión– sobre una futura recalificación de suelo que el empresario adquirió. La recalificación, y por tanto, los beneficios millonarios para Fernández Delgado se posponía desde el Ayuntamiento continuamente y ante la falta de liquidez del empresario, la alcaldesa de La Muela habría adelantado a Fernández Delgado 250.000 euros «negros». ¿Cómo se blanquearon? En este punto es donde, según el sumario, entrarían en juego los dos socialistas de San Sebastián de los Reyes. Para ayudar a su amigo a «legalizar» parte de esta cantidad, varias empresas afines al PSOE local autorizaron la emisión de facturas a nombre de Brocover, empresa del «apurado» empresario Fernández Delgado. En concreto y según la investigación judicial, se trataría de la gestora Espacio 2000 y de la cooperativa de viviendas Retacovi, ambas muy cercanas al PSOE de San Sebastián de los Reyes. Estas dos empresas, que el juez investiga, son propiedad de Hipólito Sánchez Pereira: vicepresidente de Asempro y presidente en funciones de esta asociación de empresarios del norte de Madrid muy cercana al PSOE, tras la encarcelación de su amigo y compañero, José Carlos. Retacovi es una cooperativa muy conocida en el municipio. Fue una de las diez empresas adjudicatarias de las polémicas doce parcelas de la zona de desarrollo urbanístico Los Tempranales que enajenó el socialista Merino, sólo quince días antes de las elecciones de 2007, cuando perdió a favor del PP. Los socialistas adjudicaron doce parcelas municipales del Plan Parcial de Tempranales, donde se construirán pisos de protección pública, por un valor superior a 41 millones de euros. A este concurso se presentaron un total de 269 ofertas, de las que fueron seleccionadas diez empresas, la mayoría, vinculadas de una u otra manera a personas muy cercanas al PSOE y al partido IU, como Hipólito Sánchez Pereira, cuya cooperativa Retacovi logró hacerse con unos terrenos, por 3.600.000 euros para construir 94 viviendas, garajes y trasteros. En sólo tres meses se aprobó el pliego de condiciones y se aprobaron las adjudicaciones. Posteriormente, se dieron tan sólo treinta días de plazo para que las promotoras y las cooperativas presentasen sus proyectos de más de cien viviendas. En otro mes, los técnicos tuvieron que evaluar los 269 proyectos de obras que se presentaron, con un total de 60.000 puntos de valoración, lo que derivó en apreciaciones dudosas y en las quejas por parte de las empresas licitadoras. El proceso de valoración y selección de los proyectos corrió a cargo de una empresa privada contratada por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, organismo dirigido por varios de los altos cargos del Ayuntamiento de la localidad, entre ellos, el entonces el ahora ex alcalde relacionado con el caso de corrupción de La Muela. Además, sólo en el último momento de todo este proceso se acompañó el preceptivo informe de un técnico municipal, que tuvo tan sólo 24 horas para realizarlo. El Gobierno de entonces no tuvo en cuenta en toda la operación este informe, expedido el 17 de mayo de 2007, ni las recomendaciones legales del Secretario y del Interventor Municipal, que indicaban el peligro de posibles recursos de las licitadoras y a la anulación de todo el procedimiento.