Tolerancia «Zero» con la Coca-Cola

Coca-Cola y Chávez mantienen pleitos desde hace tiempo. Y el caudillo bolivariano ha decidido cobrarse venganza aprovechando la nueva y salvaje ola de nacionalizaciones. Coca-Cola Femsa, la mayor empresa de bebidas de Venezuela –con 8.000 trabajadores y unos 140 millones de dólares al año en impuestos– contempló ayer cómo el Gobierno chavista prohibía, sin mediar explicaciones, la variante «Zero», lanzada al mercado en abril con unas previsiones de crecimiento del 200% en el segmento de bebidas bajas en calorías.
El ministro de Salud, Jesús Mantilla, aseguró que el producto (con la autorización sanitaria en vigor) «contiene un elemento perjudicial para los humanos», aunque sin aclarar de cuál se trata.
La firma, en el punto de mira de Chávez desde hace años, ha sufrido el hostigamiento del Gobierno venezolano por unos terrenos que el buque insignia del capitalismo estadounidense (con permiso de McDonald's, cuyas tiendas ya cerraron dos días) tiene en el popular barrio caraqueño de Gramoven. Chávez pretendía construir comunas sociales en los terrenos que Coca-Cola utiliza para estacionar sus camiones de reparto. Para ello, a principios de marzo dio 48 horas a la firma para que entregara el solar. Diez días después, la compañía cedió.
El «éxito» del primer móvil chavista, el llamado «Vergatario» (con tecnología china y ensamblado en Venezuela y del que se han vendido apenas 5.000 unidades a 14 dólares) puede haber dado alas a la nueva ocurrencia chavista: expropiar Femsa para lanzar la Cola bolivariana.


A la calle por no ser sandinistas
El Gobierno nicaragüense ha sancionado o despedido a entre 1.800 y 2.200 empleados públicos por negarse a aceptar un carné que los acredite como militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), denunció ayer una central sindical. Álvaro Leiva, dirigente de la opositora Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, señaló a la prensa local que esas sanciones o despidos se han dado principalmente este año, tras una campaña promovida por los sandinistas para afiliar como militantes a los empleados estatales.