Batalla campal entre manifestantes y Policía en Bogotá

Una batalla campal entre manifestantes y la Policía se desató en la Plaza de Bolívar de Bogotá cuando encapuchados intentaron forzar la entrada al Capitolio Nacional y al Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, al cierre de las protestas contra la política económica y social del Gobierno del presidente Iván Duque.

Los encapuchados atacaron a los uniformados, arrojaron objetos, entre ellos cócteles molotov y rompieron las barreras que protegían la estatua del Libertador Simón Bolívar, ubicada en el centro de la Plaza, y las mallas que protegían las fachadas de edificios del sector.

Los desórdenes comenzaron cuando la mayoría de los participantes en las manifestaciones, que transcurrieron pacíficas en su mayor parte, se retiraban del centro de la ciudad.

En la arremetida, algunos manifestantes intentaron detener a los vándalos, pero fueron superados por éstos, que además atacaron comercios situados a lo largo de las carreras séptima y octava, en el centro de la ciudad.

"Algunas minorías han cometido numerosos actos vandálicos y agredido a nuestros policías", manifestó en su cuenta de Twitter el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien agregó que también hay disturbios en los alrededores de la Universidad Nacional y en el cruce de las avenidas Suba y Boyacá, en el norte de la capital.

La respuesta policial impidió el ingreso de los encapuchados al Capitolio, la Alcaldía y otros edificios públicos, mientras los manifestantes que quedaban en la Plaza de Bolívar se retiraban del sector.

Según el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, hasta las 16.00 hora local (21.00 GMT) habían sido reportados 28 policías heridos en todo el país, tres de ellos en Bogotá, en donde también fue incendiada una motocicleta de la institución.

Más compleja es la situación en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde el alcalde Maurice Armitage declaró el toque de queda a partir de las 19.00 horas de este jueves (00.00 GMT) del viernes a raíz de la ola de saqueos de comercios y destrucción de bienes públicos que siguió a las manifestaciones.

El toque de queda también fue decretado por motivos similares en Jamundí y Candelaria, ciudades cercanas a Cali.

A este «ejército de indignados» se les sumaron las clases medias, las grandes perjudicadas si se confirman las reformas del Gobierno. Miran a Chile, donde incluso se reformará la Constitución –y en donde hay más recursos para negociar–. También en Ecuador, Bolivia... Colombia se aproxima también al precipicio, y ahora está en mano de Iván Duque manejar la situación con el tacto posible para evitar otro terremoto político en la zona.

Al menos ayer el paro se planteó como una reivindicación pacífica y hasta casi festiva. Bogotá amaneció con una inusual reducción del tráfico y de peatones. Las autoridades hablaban de «tranquilidad», pese a una serie de bloqueos en el sistema de transporte público y algunas vías. En la capital, no obstante, se desplegaron unidades militares a petición de la Alcaldía para proteger «instalaciones estratégicas». Otras ciudades como Medellín y Cali siguieron la misma estela. Las marchas se originaban en las universidades y a medida que se acercaban al centro por calles vacías se sumaban más y más manifestantes.

No obstante, la jornada no quedó libre de incidentes, como en Suba, barrio del noroeste de Bogotá, donde desde temprano hubo roces entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y los manifestantes que bloquearon la Avenida Suba, la principal de ese sector, que da acceso a las estaciones del sistema de transporte público Transmilenio.

En el barrio bogotano de Chapinero, los encapuchados lanzaron pintura contra estaciones de Transmilenio, escribieron consignas contra el Gobierno en autobuses y rasgaron plásticos con los que comerciantes intentaron proteger sus negocios. También hubo disturbios en la estación de Usme, en el sur de la capital, donde el Esmad intervino para abrir a la circulación una avenida cortada con árboles y basura.

Iván Duque reconoció la víspera en una alocución televisada la legitimidad de algunas reclamaciones, aunque reiteró que hay una campaña basada en «mentiras» contra su Administración que busca desatar la violencia. El movimiento obrero rechaza supuestas reformas previstas por el presidente para flexibilizar el mercado laboral –reduciendo el salarioi mínimo a los jóvenes– y cambiar el sistema de pensiones –que eliminaría el fondo estatal conocido como Colpensiones.

Por su parte, los indígenas exigen protección tras el asesinato de 134 comuneros desde que asumió el poder Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública. El resto de sectores se muestran además descontentos con un presidente incapaz de sumar mayorías en el Congreso y con duros reveses de su partido, Centro Democrático, en los comicios locales de octubre.

Y todos en general cuestionan las políticas económicas del Gobierno, una política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico y su intento de modificar el acuerdo de paz que llevó al desarme de la ex guerrilla FARC en 2016. El proceso, lejos de lograrse, ha mutado en una lucha por el territorio de cárteles menores, paramilitares y desertores de las FARC y guerrillas como el ELN. Un crisol de violencia que sobre todo acecha a regiones más pobres como el Cauca o Chocó.