Bruselas echa balones fuera ante la posible violación de las sanciones impuestas a la vicepresidenta del Gobierno de Maduro. La Comisión Europea se limita a confirmar que Delcy Rodríguez forma parte de la lista de 25 personalidades castigadas ligadas al chavismo, cuya entrada en territorio comunitario está prohibida y cuyos bienes también han sido congelados en suelo europeo.

A pesar de esto, Bruselas mantiene que corresponde a las autoridades nacionales detectar cualquier fallo en el incumplimiento de estos castigos y tomar cartas en el asunto. “La puesta en marcha de la prohibición de entrada es algo que compete a los Estados miembros y claro que esperamos que todos ellos cumplan con el régimen de sanciones que han acordado” ha explicado la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Virginie Battu, ante las insistentes preguntas de la prensa española.

Fuentes comunitarias sostienen fuera de micrófono que “no hay razón” para dudar de que los Estados vayan a saltarse sus propias normas y recuerdan cómo funciona la política exterior europea en la que cualquier decisión se toma por unanimidad. Esta situación contrasta con el resto de las normativa comunitaria que se basa en el papel del ejecutivo comunitario como “guardián de los tratados”, lo que obliga a la institución a abrir un expediente contra los países que no cumplen la normativa comunitaria e incluso denunciar al país concernido antes el Tribunal de Justicia de la UE , en caso de que no haya avances.

Pero este caso es diferente y, una vez más, comienzan las preguntas sobre la debilidad del club comunitario en política exterior y, concretamente, si este sistema de sanciones resulta efectivo. Las mismas fuentes explican que, ante esta situación, las autoridades comunitarias no están obligadas pedir explicaciones a España y, de hecho, no ha habido ningún tipo de contacto en las últimas horas entre el Gobierno español y el ejecutivo comunitario ni está previsto que lo haya. Según la normativa sobre las sanciones a Venezuela, corresponde al ministerio de Exteriores español vigilar el cumplimiento de los castigos. Cuando una empresa privada se salta la normativa europea sobre sanciones, es el Estado concernido el que puede informar al resto de las capitales de este incumplimiento. Teniendo en cuenta de que aquí se trataría de una autoridad pública la que se se ha entrevistado con una personalidad sancionada, todo queda en el aire.

Ante lo delicado de la situación, los funcionarios europeos están analizando los detalles del régimen de sanciones impuesto a Venezuela para saber si la escala de este avión privado en el aeropuerto, aunque sólo sea por unas horas, supone un incumplimiento de las sanciones europeas. La decisión acordada el pasado 13 de noviembre de 2017 por la unanimidad de las cancillerías europeas recoge que los Estados miembros adoptarán” las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él” tanto “ las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela y” las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela”.

El eurodiputado popular Esteban González Pons ha enviado una pregunta parlamentaria al máximo responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, para que se esclarezca lo sucedido.