Maduro se queda solo en su “farsa electoral” del 6 de diciembre

El presidente interino de Venezuela asegura que no se presentarán a unos comicios para "ratificar" la dictadura

El plan político de Maduro avanza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuesto por el Tribunal Supremo (TSJ) que controla el mandatario chavista anunció que el próximo 6 de diciembre ocurrirá el evento electoral llamado a renovar la Asamblea Nacional de Venezuela.

La rectora Indira Alfonzo, quien funge como presidenta de la autoridad electoral, dijo que esta fecha fue aprobada “por unanimidad”, al igual que el cronograma electoral para este proceso, que incluye dos semanas para que 2 millones de personas pendientes de inscribirse se sumen al Registo Electoral -no se anunciaron adaptaciones en medio de la cuarentena nacional-, 15 procesos de auditorías (aunque no está definido el software ni el hardware de votación), inscripción de candidatos, simulacros, y al final dos semanas de campaña electoral.

Alfonzo no informó sobre el sistema de votación que se usará en diciembre, después de que el parque de máquinas resultara destruido casi en su totalidad en marzo pasado. No se ha dicho tampoco quién proveerá nuevos equipos, los costos asociados a ello, ni cómo será el manejo financiero para tal operación, no solo vistas las restricciones económicas del país sino el “bloqueo” que el régimen de maduro dice le impide contataciones internacionales.

Lo que sí ratificó la rectora Alfonzo es que se aumentó la cantidad de diputados a elegir, pasando de 167 a 277 diputados, argumentando que la población del país ha aumentado. Ello, a pesar de que Acnur registra que más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país. Además, se aumentó la cantidad de votos a elegir por lista, frente a los nominales.

No obstante, la decisión del CNE viola la Constitución, cuyo artículo 186 establece el índice de base poblacional en 1,1% para cada diputado y, a pesar del aumento del universo de habitantes del país, la fórmula matemática establecida en las leyes mantiene la estabilidad del tamaño del Parlamento.

Desde la oposición denuncian una “farsa electoral”. El presidente interino Juan Guaidó ha dicho que no se prestarán para unas elecciones que “ratifiquen” a la dictadura. En su lugar, sostuvo que el deber es luchar por las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes y verificables. Dijo que la comunidad internacional no reconocerá lo que resulte de ese evento.

El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, los Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas. Este jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que las decisiones del TSJ “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

Casi en paralelo, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, confirmaba que se había suspendido la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas y manifestaba sobre el bloque de países que “ojalá cumpla con un rol constructivo y de cooperación hacia ese proceso electoral en Venezuela”.

Pero una observación europea que le dé validez al proceso luce difícil de concretar. Por una parte, los tiempos se hacen cortos y las invitaciones no se han girado. Por la otra, desde Venezuela no se admiten desde 2010 observadores internacionales sino “acompañantes”: invitados que visitan centros electorales el día de la elección pero están impedidos de evaluar todo el proceso o emitir un informe crítico.

Los partidos políticos más importantes de la oposición venezolana presentaron un pliego de exigencias para considerar que los comicios serán legítimos y no “actos simbólicos, ni simulaciones de participación”.

Entre las condiciones está garantizar el voto sin coacción o intimidación, cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de dirigentes políticos, respeto a los partidos políticos, conformar un CNE por consenso parlamentario, respeto a testigos electorales, campaña electoral equitativa y revisión auditada de las nuevas máquinas.