Trump, obligado a entregar sus impuestos

Fallo histórico del Tribunal Supremo. La Corte da luz verde a que la Fiscalía de Nueva York tenga acceso a las declaraciones de la renta del presidente. Sin embargo, sus registros financieros no se harán públicos antes de las elecciones de noviembre

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El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene que entregar su declaración impuestos a los fiscales de Nueva York, que indagan sobre sus inquietantes andanzas en los días de vino y rosas, cuando el hoy presidente era el rey del ladrillo en Manhattan. Al mismo tiempo Donald Trump no tendrá que entregar su declaración de impuestos al Congreso y, más importante, sólo estará obligado a cumplir con los juzgados de Nueva York si los fiscales se deciden a acusarlo de algo. Necesitan elaborar más y con mejores fundamentos sus peticiones. En la práctica sus libros de cuentas quedan blindados antes de las elecciones del 3 noviembre. Lo que suceda después importa menos. Especialmente si Trump reedita su triunfo en los comicios. Y, por supuesto, en ese caso, para cuando abandone la Casa Blanca tendrá casi 80 años.

Nancy Pelosi, presidente del Congreso, estima que el fallo, que no convence del todo ni a los enemigos del presidente ni a sus partidarios, no es «una buena noticia para el presidente Trump». «El Tribunal», sostiene, «ha reafirmado la autoridad del Congreso para llevar a cabo la supervisión en nombre del pueblo estadounidense, ya que solicita más información del Congreso». Cuando Pelosi afirma que «continuaremos presionando nuestro caso en los tribunales inferiores» reconoce implícitamente que la decisión ya no está en sus manos y que depende del poder judicial.

La persona previsiblemente encargada de resolver si denuncia o no al presidente es una fiscal, Audrey Strauss, que no goza precisamente del apoyo de la Casa Blanca: durante meses el fiscal general, William Barr, presionó para liquidar a Geoffrey S. Berman, en el cargo durante los últimos dos años. Pero la maniobra terminó peor que mal para Trump: su sucesora, Strauss, tiene fama de hueso duro y estuvo en alguno de los casos que más han molestado al Gobierno. La Casa Blanca quiere a Jay Clayton al frente de la fiscalía, alto cargo de la Administración por nombramiento de Trump, posiblemente más proclive a su actual jefe que la rocosa Strauss. Aunque tampoco nadie debe de imaginar que la fiscal iniciará un pleito en el aire, por el mero afán de acaparar titulares.

Si no hay mimbres suficientes, el caso acabará en nada y los expedientes tributarios del presidente seguirán a buen recaudo. Aunque la resolución de los jueces del Supremo le concede un tiempo precioso, y aunque las pretensiones del Congreso han sido bloqueadas hasta nueva orden, Trump ha reaccionado con sus habituales jeremiadas sobre conspiraciones y cazas de brujas.

«El tribunal Supremo», escribe en Twitter, «ha devuelto el caso a un tribunal de menor rango para continuar. Todo esto es un juicio político. Gané la caza de brujas de Mueller y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta presidencia o administración!».

En su opinión los jueces, de los que dos han sido nombrados por él y sin embargo han votado con la mayoría, actúan movidos por el resentimiento o el odio. Sostiene que las administraciones previas han gozado de unas deferencias sistemáticamente negadas a la suya. Sostiene que el Gobierno de Barack Obama y Joe Biden cometió «el mayor crimen político y el mayor escándalo en la historia de EE UU, y nada sucede». Entiende que los jueces obvian que «¡he hecho más que cualquier otro presidente en la historia en los primeros tres años y medio!» y agita la idea de que el fallo del Supremo está motivado políticamente.

En su sentencia, redactada por el juez John Roberts, los magistrados estiman las peticiones del Congreso podrían vulnerar la separación de poderes, y «si bien reconocemos las importantes razones del Congreso, ese interés no es lo suficientemente poderoso como para justificar el acceso a los documentos personales del presidente cuando otras fuentes podrían proporcionar al Congreso la información que necesita».

Al final, por mucho que el presidente use la sentencia para perpetuar la imagen del “outsider” perseguido por los poderes del Estado, por más que con sus tuits el presidente alegue ser víctima de unas cloacas judiciales y una prensa vendida, lo cierto es que despeja una de sus preocupaciones más inmediatas de cara a la campaña electoral.