López Obrador promueve un referéndum para juzgar a ex presidentes por corrupción

La iniciativa cobra fuerza tras las revelaciones de Lozoya contra Peña Nieto

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están impulsando una consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes del país en los últimos treinta años. Este fin de semana se instalaron las primeras mesas para recolectar firmas organizadas por militantes y simpatizantes de Morena, pero la posterior decisión de la dirigencia del partido de movilizarse para conseguir las firmas dio un empujón decisivo a la propuesta.

El Consejo Nacional de Morena acordó apoyar la consulta para “investigar y en su caso procesar y juzgar a los expresidentes”, dijo el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar y afirmó que buscarán conseguir dos millones de firmas, más de los 1,8 millones necesarias “para que no haya pretextos”. Los implicados son los mandatarios desde la década del noventa: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

López Obrador dio la señal definitiva el lunes de que el asunto va en serio. Si no se reúnen las firmas necesarias y los legisladores no llegan a un acuerdo para solicitar la consulta, será él mismo quien lo pida, valiéndose de la capacidad que otorga la constitución al presidente de solicitar una consulta ciudadana. “Voy a esperar hasta los últimos días, si no se reúnen las firmas, si los legisladores no hacen el trámite, lo voy a hacer yo”, dijo AMLO. El plazo finaliza el 15 de septiembre y la consulta se llevaría a cabo el próximo verano.

El asunto se viene discutiendo desde que López Obrador llegó al poder hace casi dos años, aunque el mandatario reiteradamente ha mostrado reservas sobre juzgar a expresidentes, a pesar de que su principal bandera de campaña fuera la lucha contra la corrupción. Ahora López Obrador parece más dispuesto, siempre consulta mediante, a aprovechar una baza útil para los compromisos electorales que vienen y para el segundo informe de gobierno que rinde este martes; a falta de buenos resultados que ofrecer en seguridad y economía.

El desencadenante de la consulta fue la denuncia del exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya en la que atribuye actos de corrupción a varios expresidentes y a decenas de funcionarios públicos. Lozoya fue detenido en España acusado de actos de corrupción y extraditado a México tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para aportar información de funcionarios de rango superior con la que podría librarse de las acusaciones contra él.

Lozoya se decidió a tirar de la manta y en la denuncia que recientemente se filtró a la prensa señala con nombres y apellidos a Enrique Peña Nieto, antiguo jefe y amigo íntimo, a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari.

A Peña Nieto lo involucra en los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó en México a cambio de contratos públicos. Ese dinero, según Lozoya, fue destinado a la campaña electoral de 2012 en la que Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consiguieron la presidencia de México. Odebrecht pagó seis millones de dólares y el favor fue devuelto con contratos de obra pública y con la aprobación de la reforma energética, una serie de medidas que abrieron el mercado energético mexicano a la iniciativa privada.

“Conforme a lo señalado antes, yo le pedí a Luis Weyll (representante de Odebrecht en México) que apoyara la campaña y precampaña de Peña Nieto, y para tales efectos Odebrecht aportó USD seis millones. Esta petición se la hice a Luis Weyll porque su jefe, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Peña Nieto desde que fue gobernador (…). También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos si se materializaba la reforma energética”, señala la denuncia.

A Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) le acusa de iniciar la cadena de favores a Odebrecht a través de Pemex, con la cesión de la construcción de la planta Etileno XXI. Salinas de Gortari (1988-1994) es señalado como “comisionista” y “cabildero” y acusado de presionar para que Pemex le pagara a su hijo un contrato que le había cancelado. Lozoya también menciona a varios exdiputados y exsenadores del PAN y el PRI de recibir sobornos para comprar su apoyo a la reforma energética.

La posible consulta ha sido criticada por expertos jurídicos que ven fuegos de artificio en las intenciones de AMLO. José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, escribe en una columna que “la intencionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes tiene un carácter exclusivamente político y netamente populista”. Jurídicamente la consulta es innecesaria porque nada impide llevar a juicio a expresidentes de la república si existen indicios de delito, al contrario del mandatario en curso, que está blindado.