México le declara la guerra a la Coca-Cola

Un acto tan cotidiano como salir a la tienda de la esquina a por un refresco y una bolsa de patatas fritas se ha convertido en cosa de adultos en el sur de México. De igual modo que los menores tienen prohibido comprar alcohol o un paquete de cigarrillos, varios estados han aprobado leyes pioneras para alejarlos de la comida “chatarra”, consumida masivamente en una de las sociedades más obesas del planeta.

El congreso del estado de Oaxaca fue el primero en aprobar una norma sin precedentes que acaba de entrar en vigor y prohíbe la venta de “bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico” a menores de edad, empujado por unas cifras alarmantes. México es el mayor consumidor de productos ultraprocesados en América Latina, 214 kg por persona al año según el Instituto Nacional de Salud Pública y el 73% de la población sufre obesidad o sobrepeso, tal como afirma un informe de la OCDE, que también señala la vasta evidencia científica que demuestra la relación directa entre el exceso de kilos y la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

La nueva norma también prohíbe la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en toda la entidad. Así como la venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. Oaxaca tiene el peor índice del país en sobrepeso y obesidad infantil (28%).

La mala salud de México, en gran parte derivada del abuso de la comida “chatarra”,  ha quedado en evidencia con la pandemia de coronavirus, que ataca con más fuerza a obesos, diabéticos e hipertensos y ha dejado más de 70.000 muertos registrados, el cuarto país en el ránking mundial.

La ONU advirtió de la magnitud del problema en un documento publicado el año pasado. “La prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde los niveles que había en 1975 como consecuencia de un cambio en la alimentación con un mayor consumo de comida rápida y ultraprocesada”, señala el informe, que cifra en 600.000 las muertes anuales “debido a enfermedades relacionadas con la mala alimentación y la obesidad, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.”

Como causa fundamental Naciones Unidas señala “la expansión de las cadenas de supermercados y la preponderancia que han tomado las grandes industrias procesadoras de alimentos” que ha hecho “que los productos ultraprocesados estén disponibles en todas partes, y a menores precios que la comida nutritiva.”

Es precisamente lo que ocurre en México: las ciudades están plagadas de pequeñas tiendas “de conveniencia” (Oxxo, Seven Eleven) repletas de refrescos y botanas sin un solo alimento fresco y saludable. Además, la permisividad con la venta ambulante ayuda a que estén siempre a mano, en la estación de metro o en medio de un atasco.

En las zonas rurales y comunidades indígenas pasa lo mismo, el camión de reparto llega a los puntos más remotos. Oaxaca y Chiapas son los estados más pobres y donde más bebidas azucaradas se consumen. Por eso la nueva ley ha generado mucha polémica y un rechazo frontal de la poderosa industria, que hizo todo lo posible por tumbarla, tal como cuenta a La Razón su principal impulsora, la diputada Magaly López. “Hubo mucha presión, una campaña contra mí y mala información a los tenderos, diciendo que iban a quebrar”, afirma. “Las grandes industrias no quieren regularse, tienen mucho dinero y contactos en los Congresos” y da detalles del modo en que le colocaron los obstáculos. Representantes de las asociaciones patronales más importantes, Coparmex y Concamin, trataron de convencerla de que rebajara la ambición de la ley aunque no cedió. “Ellos querían que aplicara solo a los menores de 12 años y en la escuela, pero esa norma ya existe y no funciona. A la salida de la escuela encuentran de todo”.

Tramitó el proyecto a través de la Comisión de Salud, que accedió a los criterios de la industria y paralizó la ley. Entonces López presentó la iniciativa a través de una vía inesperada para los opositores, la Comisión de Grupos Vulnerables, donde no tenían puesta la atención. Ahí el proyecto de ley avanzó con discreción, se fueron sumando organizaciones y recibió el apoyo del subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el político más conocido del país durante la pandemia. “Con esos reflectores conseguimos aprobarla”, recuerda.

Poco después el estado de Tabasco siguió el ejemplo y aprobó una ley similar y otros 17 congresos estatales tienen proyectos parecidos en marcha, además de una iniciativa a nivel federal en el Senado. El objetivo de la diputada López es erradicar los hábitos alimenticios dañinos en todo el país. “Queremos una mejor alimentación para nuestros niños, que se conviertan en hombres y mujeres sanos”.