Los cuatro días de pesadilla de una española retenida en un centro para europeos en Londres

María, una joven valenciana de 25 años, decidió volar el pasado 3 de mayo a Londres en busca de nuevas oportunidades laborales. A lo largo de 2019 ya había estado trabajando algunos meses en Reino Unido. Y aprovechando que su hermana residía en suelo británico, decidió hacer de nuevo las maletas. Lo que no esperaba es que a su llegada al aeropuerto de Gatwick la iban a llevar a un Centro de Internamiento de Extranjeros al haberse convertido en una inmigrante ilegal porque no había realizado correctamente los trámites necesarios de la era pos Brexit.

Su caso pone de manifiesto el “ambiente hostil” contra los extranjeros que impera en Reino Unido desde la entrada en vigor, ya a efectos prácticos, del divorcio con la UE el pasado 1 de enero. Si es por turismo, se permite una estancia de hasta seis meses sin dar más explicaciones. Pero para aquellos que quieren “probar a encontrar un trabajo” ya no existe la libertad de movimiento. Las reglas han cambiado por completo, aunque todavía existe mucho desconocimiento entre los ciudadanos.

El de María (nombre ficticio para preservar su identidad) no es un caso aislado. La Home Office (Ministerio del Interior británico) no ha publicado datos oficiales sobre el número de comunitarios detenidos desde principios de año. Pero los medios británicos hablan de una treintena de casos que involucran a alemanes, griegos, italianos, rumanos y españoles.

Hay otros ciudadanos a los que al menos les han permitido coger el primer vuelo de regreso a su país. Es el caso de Clara (también nombre ficticio) una joven del País Vasco de 24 años que llegó también el pasado lunes a Gatwick. “Mi intención era pasar un mes para ver a mi novio e intentar buscar trabajo. Tenía incluso billete de vuelta comprado. Pero no me permitieron la entrada al país. Estuve en el aeropuerto 24 horas. Me tomaron las huellas dactilares e incluso me hicieron la foto de frente y perfil. Yo no paraba de llorar. Ha sido de las peores experiencias de mi vida con diferencia”, relata.

Una vez Reino Unido ha abandonado el bloque, los comunitarios residentes deben registrarse como asentados o pre asentados (si llevan menos de cinco años) para conservar todos sus derechos, entre ellos, el acceso a la sanidad pública. Todo aquel que estuviera viviendo en el país antes del 31 de diciembre del pasado año, tiene todavía de plazo hasta el 30 de junio para realizar los trámites.

Desde hace tiempo, las organizaciones que velan por los derechos de los comunitarios residentes vienen advirtiendo que todo aquel que no regularice su estatus quedará en situación ilegal, sin importar el tiempo que llevara en el país o incluso si había contraído matrimonio con un británico.

Por su parte, a los que viajan ahora de nuevas se les aplica la nueva ley de inmigración basada en el sistema de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo, por la cual todo aquel que quiera entrar desde el 1 de enero en Reino Unido debe tener previamente una oferta de empleo, ganar una media de 30.000 euros anuales y hablar inglés.

María llegó a las 16:00 horas al aeropuerto londinense de Gatwick. Al salir del avión, los agentes fronterizos le pidieron la documentación habitual: pasaporte, PCR negativa y los motivos de su entrada. Pero cuando María explicó sus intenciones de buscar trabajo, le informaron que su entrada era ilegal, por lo que la debían detener hasta resolver su caso. No tenía ni el “estatus de asentamiento” ni tampoco oferta de trabajo.

Según Oriol Arnedo, un amigo de María, los agentes fronterizos la llevaron a una habitación junto a un grupo de otros siete u ocho pasajeros también en situación irregular y “requisaron sus móviles para evitar hacer llamadas”. “La informaron que sería trasladada a un centro de detención hasta resolver su situación, sin especificar a cuál de ellos. María propuso comprar el primer vuelo de regreso a España para irse, pero los agentes explicaron que no era posible y que, en caso de deportación, serían ellos los encargados de organizarla”, matiza.

Los agentes proporcionaron el número de teléfono de la habitación de Gatwick a un familiar, pero al llamar, según relata Oriol, “un chico canario, también detenido con entrevista de trabajo para el día siguiente, dijo que María y otras chicas habían estado allí hasta las dos de la madrugada, pero que ya se las habían llevado, aunque no sabía dónde”,

Tras llamar a varios centros, los familiares pudieron localizarla finalmente en Yarl’s Wood Immigration Removal Centre, situado a las afueras de Bedford, a unas dos horas en coche de Londres, cuyo historial de malas praxis incluye acusaciones de abuso sexual por parte del personal en el pasado, según organizaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles por la noche, los familiares de María no supieron de nuevo de ella. Su hermana y mejor amiga (amabas residentes en Reino Unido) le fueron a visitar, pero cuando ya estaban en el centro tuvieron que irse porque toda la sección de detenidos se encontraba en aislamiento por covid, después de que uno de los internos diera positivo.

El viernes finalmente la permitieron pasar la cuarentena en casa de su hermana. Pero, al cierre de esta edición, su caso no estaba cerrado y el centro de Bedford aún retenía su pasaporte. La amiga de la joven admitió que desconocen las razones de esta decisión, aunque apunta a “presiones mediáticas o diplomáticas”.

“En el centro no tenía acceso a sus pertenencias ni a su móvil. Solo la permitían tener dos mudas. Es un trato denigrante. Ahora al menos está en un ambiente mucho mejor y más segura. Aunque seguimos sin saber cómo se va a desarrollar su caso”, asegura.

Fuentes diplomáticas consultadas por este diario señalan que desde que el Consulado de Londres tuvo constancia de este caso, a la joven se les está ofreciendo asistencia consular y ayuda legal para verificar que está bien y se están respetando sus derechos. Las autoridades españolas están en contacto con las británicas y esperan que la situación se solucione con la mayor brevedad posible.

La joven también ha recibido asesoramiento por parte de la asociación británica The 3 Million, que se encarga de velar por los derechos de los comunitarios tras el Brexit. Desde la organización aseguran que “no es el primer caso y que lamentablemente no creen que vaya a ser el último”.