Perú incinera el cadáver del “monstruo” Abimael Guzmán y reabre las heridas del terrorismo en el país

Más de 12 días de su muerte en prisión, los restos del fundador de Sendero Luminoso seguían en la morgue en medio de una gran polémica nacional hasta que la Fiscalía ha decidido

El asunto ha removido los recuerdos de las víctimas de las atrocidades de Sendero y ha colocado en una situación incómoda al gobierno del izquierdista Pedro Castillo
El asunto ha removido los recuerdos de las víctimas de las atrocidades de Sendero y ha colocado en una situación incómoda al gobierno del izquierdista Pedro CastilloALESSANDRO CINQUEREUTERS

Fue un “monstruo”. Y a los monstruos no se sabe dónde enterrarlos. Abimael Guzmán, líder de la organización maoísta Sendero Luminoso, que regó de sangre Perú entre 1980 y 1992, murió el 11 de septiembre a los 86 años en la base naval de El Callao, donde cumplía cadena perpetua. Trece días después, sus restos siguen en la morgue del penal de máxima seguridad a la espera de que se decida qué hacer.

El cadáver del genocida Abimael Guzmán se incinerará esta nocche. La Fiscalía de Perú dispuso el pasado jueves que los restos del sanguinario terrorista se incineren. La muerte de Guzmán y el debate sobre el destino de su cadáver reabrieron las heridas del terrorismo en Perú. Guzmán fue el fundador y líder absoluto de Sendero Luminoso, la milicia que desafió al Estado en un conflicto que dejó más de 69.000 muertos y llevó el terror a campos y ciudades.

El asunto ha removido los recuerdos de las víctimas de las atrocidades de Sendero y ha colocado en una situación incómoda al gobierno del izquierdista Pedro Castillo, al que sus rivales acusan de complacencia con el terrorismo. Dos ministros son investigados en los tribunales por sus conexiones con la organización.

Los agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que en 1992 pusieron fin a los crímenes de Guzmán apresándolo en su escondite de Lima fueron los primeros en reclamar que sea incinerado, como Estados Unidos hizo con Bin Laden, para evitar que una hipotética sepultura se convierta en lugar de homenaje de sus seguidores. La oposición a Castillo y los principales medios de comunicación pronto se sumaron a la petición.

Al poco de conocerse la noticia de la muerte, Castillo reiteró su condena “firme e indeclinable” del terrorismo, pero su gobierno le pasó la patata caliente del destino final del cadáver a la Fiscalía. La fiscal general, Zoraida Ávalos se encontró entonces con lo que calificó como “vacío normativo”.

La ley peruana no contemplaba previsiones especiales para los presos por terrorismo fallecidos, por lo que los restos debían ser entregados a la familia si esta los reclamaba cumpliendo los requisitos. La viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre, también encarcelada por terrorismo, solicitó que se le entregara el cuerpo a través de un recurso presentado por otra integrante de Sendero, pero al no haber otorgado un poder notarial, el juez desestimó la petición. En realidad, Iparraguirre nunca pudo presentar el poder notarial porque su régimen de reclusión no le permite acceder a un notario.

Mientras el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero, denunciaba el “secuestro” del cadáver, el Congreso aprobó una reforma exprés para permitir que jueces y fiscales puedan decidir qué hacer con los cadáveres que supongan “afectación para la seguridad y el orden público”.

Presionado por la opinión pública, Perú Libre, el partido de Castillo secundó la iniciativa, pero la cremación se retrasa y en los últimos días, algunos en las filas de Castillo han comenzado a cuestionarla. Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre en el Congreso, denunció la “intromisión” por parte de “personajes” a los que no mencionó para influir en la decisión final.

La continuidad de Guzmán en la morgue revela que el suyo quizá sea el cadáver más incómodo de Perú y aún despierta sentimientos viscerales. Y el país podría enfrentarse pronto a otras despedidas espinosas de protagonistas de su turbulento pasado reciente, como el expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos en la guerra contra Sendero y que ha solicitado varias veces beneficios penitenciarios alegando problemas de salud.

Gustavo Gorriti, periodista especializado en el terrorismo senderista, dijo que Perú aún no ha hecho un análisis sereno de la figura de Guzmán, sobre la que siguen pesando “la maldición y el desprecio”.

Gorriti cree que se debía haber permitido a la viuda darle una despedida íntima. Sin embargo, se ha impuesto el respeto a las víctimas y el miedo a que la tumba se convierta en lugar de culto de sus seguidores, más ahora que se sospecha que algunos están en el gobierno.

Perú no ha olvidado ni ha perdonado. Abimael Guzmán nunca le pidió perdón.