El fraude electoral anunciado de Ortega en Nicaragua

“En Nicaragua no hay elecciones. Los resultados de esta votación ya están listos. Nosotros podemos anticipar de antemano: una autoproclamación en la que se va a elegir a Ortega presidente y Rosario Murillo vicepresidenta, la pareja del régimen”. María Asunción Moreno, abogada experta en Derechos Humanos y ex precandidata a las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denuncia junto a toda la oposición una “farsa electoral”.

A dos semanas de la cita con las urnas, los opositores tienen claro que el ex líder de la Revolución Sandinista que triunfó en 1979, tras la dictadura militar de Anastasio Somoza que gobernó el país con puño de hierro entre 1937 y 1979, será reelegido por tercera vez desde su regreso al poder en 2007: “No un proceso electoral. No hay por quién votar, no hay a quién elegir. Va a haber unas votaciones dentro de un proceso viciado en el que el juez fue nombrado y electo por el régimen. Sin las mínimas garantías, sin observación internacional, sin opositores democráticos. No hay oposición en la boleta de candidatos. Hay un mecanismo que ha diseñado el régimen Ortega-Murillo para asignarse una mayoría parlamentaria, seguir implantando su modelo totalitario y conceder unos escaños a los partidos colaboracionistas que sí se presentan. La gente no va a ir a votar. No va a participar de la farsa. Solo los funcionarios públicos obligados por el régimen”.

La simpatía al Frente Sandinista de Liberación Nacional está en el nivel más bajo de su historia: apenas un 8% de los nicaragüenses simpatiza con Ortega, apunta esta semana CID Gallup. “El régimen crea partidos pequeños para participar y pretender simular unas elecciones inexistentes. Les llamamos partidos zancudos. Ortega finge que tiene competidores. Todo el mundo sabe que son ciudadanos colaboracionistas. Son formaciones sin seguidores. A cambio de uno, dos o tres puestos en la Asamblea Nacional se prestan a participar en este robo de su derecho al voto a la ciudadanía nicaragüense”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 328 muertos, tres desaparecidos, 130 encarcelados y 88.000 nicaragüenses exiliados desde que en abril de 2018 se organizarán masivas protestas contra el ejecutivo de Ortega.

La presión internacional sobre el régimen de Ortega ha aumentado a dos semanas de la polémica cita con las urnas. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha exigido a Nicaragua la puesta en libertad de los siete precandidatos a las elecciones que se encuentran encarcelados o en prisión domiciliaria. La OEA cuestiona la legitimidad de los comicios del 7 de noviembre y lamenta que sus recomendaciones “hayan sido ignoradas”. Los países de la región han instado al Gobierno de Ortega a “poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana” para “celebrar unas elecciones libres y justas”. La resolución ha sido aprobada sin votos en contra, pero con algunas abstenciones como Cuba, Venezuela, México o Argentina: “No es un problema de Nicaragua. Es un problema de la región. Regímenes autoritarios que se están implantando en América Latina como en Cuba o Venezuela”, sostiene Moreno.

El Alto Representante de la Unión Europea en política exterior,Josep Borrell, denunció el miércoles el “claro giro autoritario del régimen” Ortega-Murillo: “Probablemente habrá un rechazo a reconocer los resultados”. Nicaragua y Rusia buscan ampliar su cooperación en transporte y agricultura: “Putin no es indispensable para que Ortega se mantenga en el poder. Pero sí es una de las grandes potencias que apoya a Ortega. No hay una cooperación económica que sostenga al régimen”.

El autócrata de 75 años no da marcha atrás en su estrategia represiva. La Policía ha arrestado este jueves al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la patronal de Nicaragua, Michael Healy, y a su vicepresidente Álvaro Vargas. Ambos son acusados de “lavado de dinero” y “traición a la patria”, en base La Ley de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia.

Esta norma ha sido la palanca legal para propiciar la ola represiva en la que 39 opositores han sido detenidos desde junio. Moreno explica: “La alianza con los empresarios de permitirles hacer negocio si no se metían en política se ha roto”. La ley ha servido al régimen para acusar de “colaborar con la injerencia extranjera” a políticos, periodistas, activistas, campesinos y usuarios de las redes sociales.

La persecución de reporteros ha arrinconado a la libertad de prensa. Un informe del Comité de Protección de Periodistas denuncia que los ataques a la prensa se han recrudecido desde hace un año: “Hemos visto la construcción de un esquema de leyes que permite perseguir, criminalizar, silenciar y censurar a periodistas y personas que quieren expresarse en redes sociales”. En las iglesias de Nicaragua se leen noticias, siendo un refugio para expresarse en libertad: “El papel de la Iglesia es fundamental para lograr la democracia”, remarca Moreno. Pedro Xavier Molina, periodista e ilustrador nicaragüense exiliado en EE UU., ha sido premiado con el Premio Gabo 2021 por su “hilarante irreverencia”.

Moreno atiende a LA RAZÓN tres meses después de abandonar su país tras ser citada por la Fiscalía un día después de ser proclamada precandidata presidencial. Moreno vive en el exilio sin amigos ni familia: “Me han quitado mi vida. Hasta que regrese, pueden pasar meses o años. Regresar significa la cárcel”. Los exiliados miden sus declaraciones “porque toda denuncia fuera, se pagan dentro” con visitas intimidatorias de la Policía a sus familiares o detenciones a compañeros de formaciones opositoras. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, ha cancelado una entrevista con este diario tras conocer las detenciones de los líderes de la patronal. Moreno sostiene que el régimen buscará legitimidad tras “el fraude anunciado” del 7 de noviembre: “Ortega ha convocado un diálogo nacional ficticio para legitimarse tras esta farsa electoral. Ningún partido de la oposición ha sido llamado”.

La fatigada oposición busca una estrategia a medio plazo para la salida del poder de Ortega: “Debemos diseñar un bloque opositor democrático. Crear una agenda país que establezca la ruta de salida: la liberación inmediata de todos los presos políticos, la restitución de las libertades y la preparación de unas verdaderas elecciones justas, libres, transparentes y supervisadas por todos los organismos internacionales”. Las labores de oposición se realizan en la clandestinidad: “Las casas de seguridad son lugares donde los líderes o caras visibles de la oposición se resguardan. Son casas de amigos o alquiladas donde viven para no ser detenidos por la Policía o atacados por los paramilitares. La oposición dentro del país trabaja en la clandestinidad. Desde el exilio, trabajo por los presos políticos. Sigo alzando la voz. Muchos compañeros siendo torturados en una de las cárceles. Si volviera a Nicaragua, para mi significaría la prisión y la tortura. Echo de menos hablar con el ciudadano de a pie, pasear por la calle y conocer sus problemas”. Moreno reflexiona unos segundos antes de contestar si esta ruta es posible con Ortega en el poder: “Los niveles de represión son tan crueles que la ciudadanía va a reaccionar. El pueblo está desesperanzado. Esperamos que la comunidad internacional denuncia la ilegitimidad del gobierno de Ortega. Ortega va a vivir su momento más delicado tras el 7 de noviembre”.