¿Secuestro o terrorismo? Túnez detiene a uno de los líderes del partido islamista

Túnez, otrora esperanza democrática y modelo e inspiración para todo el mundo árabe, no deja de protagonizar episodios cada vez más preocupantes y disparatados. Si hace tres semanas el presidente Kais Saied anunciaba que el Parlamento permanecerá cerrado hasta diciembre y un referéndum en julio para una nueva Constitución que sustituya la actual de 2014 –elaborada por una Asamblea Constituyente democráticamente elegida-, en la víspera de año nuevo las autoridades tunecinas detenían a Noureddine Bhiri, presidente adjunto del partido islamista Ennahda -primera fuerza parlamentaria-, y ministro de Justicia entre diciembre de 2011 y marzo de 2013.

Tras días de desconcierto sobre el paradero del político –se desconoce aún el lugar en el que fue retenido tras su detención el 31 de diciembre- este lunes la ministro del Interior, Taoufil Charfeddine, confirmaba que Bhiri, de 63 años, fue arrestado por “fuertes sospechas de terrorismo” y que, tras haberse negado a comer e ingerir medicación, fue trasladado a un hospital de la ciudad de Bizerta. “Me he puesto en contacto con su esposa. La hemos autorizado a verle, al igual que a su hijo”, aseguraba el titular de Interior del Gobierno de Najla Bouden Romdhane.

Según Charfeddine, al detenido se le vincula con la concesión ilegal de certificados de nacionalidad tunecina, pasaportes y partidas de nacimiento. El Tribunal de primera instancia de Túnez, que salía al paso este martes de las acusaciones de lentitud en los procedimientos vertidas por el ministro del Interior, recordaba haber recibido el 7 de octubre pasado una solicitud de apertura de una investigación de parte del presidente de la Dirección de investigaciones de delitos terroristas al respecto de la emisión de un certificado de nacionalidad tunecina a una pareja siria cuando Bhiri estaba al frente del Ministerio de Justicia.

Ennahda denuncia el “secuestro”

Horas después de la detención responsables de su partido denunciaban “el secuestro” de Bhiri y “un peligroso precedente que marca la entrada del país en el túnel de la dictadura”. Según el relato del ex diputado de Ennahda y abogado Samir Dilou, Bhiri fue “detenido cuando salía, acompañado de su esposa, de su domicilio en El Manar [Túnez capital]”, según recogía la agencia AFP.

El domingo 2 de enero era el propio líder de Ennhada, el veterano Rachid Ghannouchi –del que el detenido está considerado su mano derecha-, el que rompía su silencio para exigirle en una carta al presidente Saied “la responsabilidad de revelar el estado de salud” de Bhiri y de “reconfortar a su familia y a la opinión pública”. Desde el partido islamista se llegaba a aseverar que el detenido se encontraba “en estado crítico” en el hospital Bougatfa de Bizerta. Por su parte, este martes el presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, Jamel Msallem, apelaba al Ministerio del Interior a dar más información a la opinión pública sobre las circunstancias de la detención de político islamista.

Deriva autoritaria

Tras meses conflictivos de cohabitación con un Gobierno apoyado por los islamistas, el presidente Saied hacía saltar por los aires el prometedor proceso de consolidación democrática en Túnez al arrogarse todos los poderes del Estado el pasado 25 de julio. A finales de septiembre, el jefe del Estado tunecino daba un golpe de efecto al nombrar a la profesora universitaria Najla Bouden Romdhane primera ministra –hecho inédito en el mundo árabe- y encargarle la formación de un gabinete. Recordemos que en julio había disuelto el Gobierno presidido por Hichem Mechichi.

Menos de cinco meses después, el jurista tunecino anunciaba que la Asamblea de Representantes, donde Ennahda –bestia negra del mandatario- cuenta con el grupo parlamentario más nutrido, permanecería clausurada aún un año. Exactamente hasta la celebración de elecciones legislativas el 17 de diciembre.

Antes, el 25 de julio se deberán celebrar sendos referéndums sobre la reforma de la ley electoral y sobre la nueva Constitución, que un panel de expertos nombrado a dedo por el propio presidente tendrá que elaborar en los próximos meses. A juicio de Saied, el objetivo de las medidas especiales adoptadas es que Túnez “recupere la soberanía” y “corregir los caminos de la revolución y de la historia”.

A pesar de contravenir las garantías constitucionales, una gran parte de la sociedad tunecina sigue viendo justificada la deriva autoritaria de Saied por el bien mayor de salvaguardar el sistema democrático. Aunque se han producido marchas en las principales ciudades del país denunciando el golpe de Estado, no han sido nunca multitudinarias. “El presidente Saied no respeta las normas democráticas al concentrar todo el poder en sus manos: es un hecho. Pero la ecuación que hay que resolver no es sencilla: ¿Cómo sacar el país de un sistema que ha llevado al país a la ruina mientras que las fuerzas que ocupan el campo político y que se oponen ahora a él siguen estando dirigidas por las mismas personalidades responsables del desastre?”, afirmaba Mounir Hanablia, colaborador del digital Kapitalis, en una tribuna publicada este lunes.

La sucesión de decisiones adoptadas por el presidente y su gobierno en los últimos meses confirman la fragilidad del engranaje democrático tunecino –que se creyó sólidamente asentado- una década después del derrocamiento de Ben Ali y el triunfo de la revolución de 2011, así como la incapacidad de los actores políticos del país magrebí a la hora de compartir el poder y respetar los procedimientos constitucionales fijados entre todos. Los próximos meses serán claves para determinar si el proceso es aún reversible o si la aventura democrática tunecina se encamina inexorablemente hacia el autoritarismo y la inestabilidad.