Cuando la «shashka» se desprende del derecho internacional

Como un cosaco blandiendo su espada –la shashka–, Vladimir Putin está violando las normas del Derecho internacional al atacar a su país vecino, Ucrania. El principio de la prohibición del uso de la fuerza es una piedra angular del sistema de seguridad colectiva establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Se ha violado en varias ocasiones y ahora se plantea la cuestión de su valor. De hecho, algunos creen que las numerosas violaciones de este principio han tenido el efecto de alterar su valor y hacer que caiga en desuso. Esta afirmación debe rechazarse porque, aunque la violación de una norma jurídica tiene obviamente consecuencias para su eficacia, ello no pone automáticamente en tela de juicio su existencia. Aunque se infrinja, el principio de la prohibición del uso de la fuerza sigue siendo una norma jurídica a respetar.

La lucha contra el terrorismo tras el 11-S, la lucha contra las armas de destrucción masiva en Irak y ahora la «recuperación» del territorio perdido de un imperio soviético o zarista enterrado han llevado a algunos a apartarse del principio de la prohibición del uso de la fuerza y a eludir, o incluso transgredir, el sistema de seguridad colectiva establecido por la ONU. Esta vuelta al unilateralismo es una fuente de preocupación en la medida en que podría conducir eventualmente al desmantelamiento del sistema de seguridad colectiva «onusiana», que, como su nombre indica, se basa en el multilateralismo. El fin del sistema de la ONU significaría la posibilidad de recurrir libremente a la guerra. La invasión rusa de Ucrania, la impotencia de la ONU y la debilidad de las sanciones económicas de la comunidad internacional evocan el doloroso recuerdo de los Acuerdos de Múnich de 1938, en los que británicos, franceses e italianos abandonaron el Estado soberano de Checoslovaquia a la Alemania nazi.

Este deseo de dejar de lado el sistema de seguridad colectiva es especialmente visible en la intervención rusa en Ucrania. Considerándose en estado de autodefensa frente a la OTAN, el Kremlin consideró que no necesitaba la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para recurrir al uso de la fuerza. Sin embargo, los Estados están obligados a informar al Consejo de Seguridad de las medidas adoptadas en el ejercicio de su derecho de legítima defensa, mientras que cuando intervienen con la autorización del Consejo, tienen «poco más que limitaciones de información». En otros términos, en la práctica, no hay ninguna diferencia real a este respecto. El ejercicio del derecho de autodefensa no significa que los Estados tengan carta blanca. Su actuación sigue estando, en principio, sometida al control del Consejo de Seguridad.

En definitiva, la única cobertura legal para una intervención militar de un país contra otro es su autodefensa. Sigue siendo necesario cuestionar el concepto de autodefensa y una posible reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque la agresión rusa se inscriba en el marco puramente interestatal en el que se entiende este concepto. Los israelíes y los estadounidenses en particular habían promovido nuevos conceptos como la autodefensa «preventiva». Estos dos conceptos han tendido a revolucionar la propia noción de autodefensa. Según el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, un Estado sólo puede reclamar la autodefensa después de haber sido objeto de una agresión armada. El valor tanto de la autodefensa preventiva como de la anticipación es que permite a un Estado actuar con antelación en lugar de reaccionar después de que se haya producido el ataque, lo que puede permitirle evitar pérdidas innecesarias. Sin embargo, estos conceptos pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, en el pasado, el presidente Bush Jr. creía que, ante nuevas amenazas, se podía utilizar la autodefensa, aunque no se supiera con certeza el momento o el lugar del ataque del enemigo. Se trata, por tanto, de una importante ampliación de la legítima defensa que, en última instancia, podría suponer un verdadero desafío al principio de la prohibición del uso de la fuerza. Dada la importancia fundamental del principio de prohibición del uso de la fuerza, cualquier norma que limite su alcance sólo puede interpretarse de forma restrictiva.

Si bien es obvio que el argumento de la legítima defensa no es válido en el caso ucraniano, se trata pura y simplemente de una violación del derecho internacional que, ante la brutalidad de dicha agresión interestatal, ya no puede ser contrarrestada. Salvo, tal vez, a través de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, una revisión de su papel y la eliminación del derecho de veto –que vulnera el principio de la igualdad soberana de los Estados miembros– que permitiría liberar una voluntad efectiva de la sociedad internacional en materia de seguridad colectiva. Mientras tanto, las botas de Vladimir Putin y de sus compinches han pisoteado las reglas fundamentales de las relaciones internacionales.

• Frédéric Mertens de Wilmars es profesor y coordinador del Grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia.