Los 13 minutos que acabaron con el fiscal antimafia en la isla de Barú

El último atardecer en Barú de Marcelo Pecci el lunes fue el último que pudo ver el fiscal antimafia de Paraguay. Una foto tomada por su esposa Claudia Aguilera dejó el retrato de la pareja sonriente horas antes de la tragedia. El martes, la luna de miel de Pecci y su esposa, que acababan de anunciar que esperaban un bebé y no contaban con seguridad particular, se tiñó de sangre por el ataque de dos hombres armados que llegaron por mar hasta la playa ubicada en la isla de Barú, a unos 40 minutos en lancha de Cartagena de Indias, en Colombia, y le dispararon dos veces «uno en la cabeza y otro en la espalda», relató su esposa. «Fuimos auxiliados por otras personas que estaban en la playa, pero él ya estaba muerto», dijo Aguilera al diario colombiano «El Tiempo». No tenían escoltas porque «no teníamos amenazas».

El comisario de la Policía Nacional paraguaya Nimio Cardozo, quien viajó a Colombia para participar en las investigaciones, confirmó que hubo tres impactos de bala: uno en el rostro y dos en el tronco. Resaltó que ya estaba juntando sus pertenencias para dejar la playa y volver al hotel para hacer maletas de regreso cuando fue emboscado por los sicarios. También informó que los delincuentes tardaron 13 minutos en alquilar la moto acuática, cometer el crimen y devolverla al mismo lugar.

Aguilera viajó el jueves de regreso a Paraguay, junto a dos fiscales, tras brindar su testimonio durante una larga jornada de miércoles dedicada a registrar su declaración formal a las autoridades. El cuerpo de Pecci fue repatriado a su país el viernes. El director general de Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, quien ya mostró unas imágenes de cámaras de seguridad del sicario que disparó, declaró que buscan determinar la nacionalidad de los atacantes, y trabajan en conjunto con autoridades y fiscales paraguayos, así como con la DEA y otras agencias de Estados Unidos.

Vargas reiteró que el Gobierno de Colombia ofrece una recompensa de casi 500.000 dólares por cualquier información que conduzca a los responsables del asesinato. «La primera gran hipótesis que tenemos es que, por los grandes casos que llevaba, se produjo este magnicidio», dijo Vargas. La vicefiscal Mancera aseguró además que la investigación no está solamente centrada en encontrar a la persona que disparó contra el fiscal, sino saber quién la contrató. Para ello analizan más de 100 pruebas recogidas en las 24 horas posteriores al crimen.

Las autoridades de Paraguay no descartaron que el fiscal hubiese sido seguido hasta Colombia desde territorio paraguayo. «Pensamos que el seguimiento pudo iniciarse acá», dijo el miércoles a medios locales el comandante de la Policía Nacional del Paraguay, Gilberto Fleitas. «Se pudo haber hecho el trabajo de inteligencia desde acá y allá consumaron el hecho», añadió.

Por ello, en Paraguay, las autoridades intervinieron las cárceles Tacumbú, Agrupación Especializada y un penal del interior del país, a fin de inspeccionar seis celdas de personas que podrían estar ligadas al homicidio por su vinculación con causas abiertas que estaban siendo investigadas por Pecci, incluyendo un libanés y seis colombianos.

«El Colombiano» publicó que los investigadores «pusieron el foco sobre tres nombres hasta ahora ocultos: Kassed Mohamad Hijazi, Nader Mohamad Farhat y Mahmoud Ali Barakat». Se trataría de dos ciudadanos de origen libanés y uno brasileño, todos encarcelados en EE UU a donde fueron extraditados por cargos de narcotráfico y lavado de activos.

Farhat y Ali Barakat serían contactos de Hizbulá para negociar drogas con cárteles de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Por ello se sospecha que el ataque pudo haberse planificado desde territorio norteamericano por las investigaciones de Pecci sobre terrorismo internacional.

El paraguayo, de 45 años, era fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo. En los últimos tiempos había tenido un alto perfil mediático por anunciar importantes operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas, así como allanamientos e imputaciones.

Sus casos más emblemáticos del último año incluyeron el homicidio del empresario Mauricio Schwartzman, la venta de armas de las Fuerzas Armadas a grupos delictivos, el asesinato de la hija del gobernador del departamento de Amambay y otras tres personas en la zona fronteriza con Brasil, y el llamado «acuerdo secreto de Itaipú», de alto perfil político y que afectó al presidente Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez, candidato a sucederlo.

Al momento de su muerte, quizás su investigación más pesada era el operativo «Ultranza», dirigido en contra del narcotráfico y el lavado de dinero, así como la investigación de un atentando en un concierto en Paraguay.

Entretanto, se suceden las condenas y los comunicados de autoridades y organismos estatales para «continuar el combate al delito» en un país donde las acusaciones de vínculos de políticos con delincuentes se acumulan.